Por Bruno Cortés

El tráfico de armas es uno de los principales motores de la violencia que afecta a México. No es un problema aislado ni lejano, es algo que está golpeando a miles de familias y que empodera a las organizaciones criminales, poniendo en riesgo la seguridad de todos. Desde el Congreso, diputadas y diputados de Morena han alzado la voz para exigir un cambio en la manera de tratar este tema. Y la urgencia de pasar del discurso a las acciones es cada vez más evidente.

En el «Foro Nacional de Políticas Públicas: Que se arme el desarme», diversos especialistas, políticos y autoridades del Gobierno Federal coincidieron en que ya no es suficiente con hablar del problema, sino que es fundamental tomar medidas concretas. El diputado Sebastián Ebrard Lestrade, de Morena, no tuvo reparos en señalar que el tráfico de armas es un negocio que antepone el lucro a la vida humana. En los últimos 15 años, más de 400 mil personas han perdido la vida a causa de la violencia relacionada con estos artefactos. Lo más alarmante es que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas utilizadas en los delitos provienen de Estados Unidos. Ebrard recordó que, en apenas tres meses, entre octubre de 2024 y enero de 2025, se decomisaron más de 3 mil armas en la frontera, lo que demuestra la magnitud del problema.

Además, subrayó que el Gobierno de México ha dado un paso importante al presentar una demanda contra las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, acusándolas de «negligencia criminal» por ser las principales responsables de abastecer a los criminales. Este proceso legal, lejos de ser un simple trámite, es parte de una estrategia integral para cambiar la dinámica del tráfico de armas y sus consecuencias.

Por su parte, la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas destacó la necesidad de emprender acciones que no solo combatan la inseguridad, sino que también contribuyan a la paz en las comunidades. Hizo énfasis en que este foro no solo es un espacio de diálogo, sino un llamado a la acción para que las y los legisladores trabajen en propuestas concretas. Según la diputada, el objetivo es que todos los sectores de la sociedad se sumen para recuperar la paz, especialmente en el campo y las comunidades, pues sin resolver el problema de la violencia, otros esfuerzos como el fortalecimiento de la economía social no podrán dar frutos.

La diputada Selene Ávila Flores también apuntó que el tráfico de armas no es solo un asunto de discurso, sino de acción coordinada. Este problema, aseguró, tiene múltiples causas: estructurales, normativas, y una grave falta de Estado de Derecho. Por lo tanto, para erradicarlo, es necesario que todas las partes involucradas trabajen de manera unificada, con propuestas claras y reformas legales que puedan hacer frente a esta problemática.

En la misma línea, María Carmina Ceballos Martínez, directora general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación, mencionó el programa «Sí al desarme, sí a la paz», que busca incentivar a la población a entregar sus armas a cambio de dinero, sin necesidad de investigar su origen. Este programa, diseñado para reducir la cantidad de armas en manos de la gente, es una medida preventiva para evitar tragedias en las familias y las comunidades.

Pablo Gómez de Iturbe, director general de Asuntos Especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también hizo énfasis en la colaboración internacional entre México y Estados Unidos. La demanda presentada contra los fabricantes de armas es una de las medidas clave en esta lucha, ya que el tráfico de armas no solo afecta a México, sino que también pone en peligro la seguridad de Estados Unidos, además de fomentar el narcotráfico hacia el norte del continente.

La violencia derivada del tráfico de armas es un problema grave que no solo afecta a las víctimas directas, sino que también atenta contra la estabilidad y el desarrollo de toda la sociedad. El llamado es claro: se necesitan acciones inmediatas y una estrategia integral para erradicar este flagelo que sigue alimentando el crimen organizado. Es momento de que todos, desde el Congreso hasta la sociedad civil, sumen esfuerzos para construir un México más seguro.