Las sombras que acechan a la prensa mexicana se han vuelto cada vez más amenazantes, en una espiral de violencia que parece no encontrar fin. A pesar de los llamados constantes de organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), los asesinatos de periodistas en México siguen siendo una afrenta flagrante a la libertad de prensa.
La organización Artículo 19 documenta, desde el año 2000, el asesinato de 115 periodistas en México, cifra que RSF eleva a 150. La disparidad en los números, lejos de sembrar dudas, habla de un problema aún más grave: la falta de claridad y consistencia en la documentación de estos crímenes.
Los llamados a la acción parecen hacer eco en un vacío. La SIP, la RSF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado al Estado mexicano a investigar con celeridad y profundidad estos casos. Pero las condenas y exhortos internacionales parecen perderse en el laberinto burocrático de las instituciones mexicanas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de críticas por parte de RSF, y la misma organización ha instado a su gobierno a tomar medidas firmes para proteger a los periodistas. A esto, el Estado mexicano responde con la promesa de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
¿Serán estas promesas un nuevo capítulo en la lucha por la libertad de prensa, o se convertirán en un episodio más de esperanzas frustradas? Solo el tiempo dirá, mientras tanto, los periodistas mexicanos continúan en el frente de una batalla que no eligieron, pero que están decididos a ganar.