CDMX a 1 de abril, 2024.- En un momento crucial para la transparencia y el acceso a la información en México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) enfrenta un desafío sin precedentes: la falta de comisionados que impide su funcionamiento óptimo. Desde hace dos años, el órgano encargado de salvaguardar derechos fundamentales de los ciudadanos opera con vacantes significativas en su pleno, una situación que el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, califica no solo como preocupante, sino como un desafío directo a los mandatos constitucionales y a los derechos de los mexicanos.
Al cumplirse el segundo aniversario de la primera de estas vacantes, el 31 de marzo de 2022, y agregándose una más un año después, el Senado de la República se encuentra bajo presión para actuar. Sin embargo, a pesar de los claros mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el reconocimiento de la importancia crítica del INAI como una «conquista social» surgida de la corriente democratizadora del país, las designaciones necesarias para completar el pleno del Instituto siguen pendientes.
Este retraso se ve agravado por las declaraciones del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien en 2023 expresó una falta de urgencia por parte de la administración actual para llevar a cabo las designaciones, una postura que ha encontrado eco en la bancada de Morena y sus aliados. Esta resistencia ha llevado a una situación en la que, incluso después de que la SCJN facilitara el funcionamiento del INAI con un número reducido de comisionados, el Senado ha fallado en alcanzar la mayoría calificada necesaria para proceder con nuevas designaciones.
El impasse no solo pone en jaque la operatividad del INAI, sino que también plantea preguntas serias sobre el compromiso del gobierno con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en México. A pesar de la aprobación de nuevas convocatorias por parte del pleno del Senado el 12 de marzo de este año para designar a dos de los tres comisionados pendientes, aún no se ha fijado una fecha para la votación, dejando en suspenso la plena integración del Instituto.
El caso del INAI destaca la tensión entre la autonomía de los organismos constitucionales y la política gubernamental, un equilibrio delicado que es fundamental para la democracia y el estado de derecho en México. A medida que el país se acerca a la fecha límite para estas designaciones, la atención de la sociedad civil, expertos legales y la comunidad internacional se centra en el Senado, esperando ver si cumplirá con su responsabilidad constitucional de garantizar un INAI completo y funcional.