Por Bruno Cortés
En una movida que está dando mucho de qué hablar, el Senado de la República aprobó la extinción de siete organismos autónomos, entre ellos el Inai, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que a lo largo de los años se ha encargado de defender la transparencia y el derecho de los ciudadanos a saber cómo se manejan los recursos públicos. Esto fue decidido por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, quienes en conjunto votaron a favor de esta reforma que busca simplificar el aparato gubernamental.
La propuesta, que fue aprobada por una mayoría de votos, ya está en el camino para ser discutida y, posiblemente, aprobada en el Pleno del Senado. Si se llega a aprobar, significará la eliminación de organismos clave como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Para entenderlo de manera sencilla, el gobierno mexicano está buscando una forma de hacer más eficiente el uso de recursos, y la eliminación de estos organismos es una de las estrategias propuestas para ahorrar dinero, pues estos organismos cuentan con presupuestos importantes. Por ejemplo, el Inai, que se encargaba de garantizar que los ciudadanos pudieran acceder a la información pública, tenía asignados casi mil millones de pesos para el próximo año. A su vez, el IFT, que regulaba el sector de las telecomunicaciones, contaba con mil 680 millones de pesos.
El objetivo que se plantea el gobierno con esta reforma es, entre otras cosas, simplificar el Estado, reducir el gasto público y evitar la duplicidad de funciones entre diferentes organismos. Sin embargo, la medida ha generado muchas críticas. Los opositores argumentan que al eliminar estos organismos se podría perder autonomía en áreas importantes como la competencia económica, la educación y la regulación de servicios básicos como la electricidad y el gas.
Es importante señalar que el gobierno federal justifica esta reforma diciendo que la existencia de tantos organismos autónomos genera burocracia innecesaria y que es posible que algunas de sus funciones puedan ser absorbidas por otras instituciones. De este modo, se podría asegurar que el dinero que se destina a estos organismos se utilice de manera más eficiente, sin afectar la calidad de los servicios que brindan.
Por lo pronto, el debate sigue abierto, y aunque la reforma ya avanzó en las comisiones del Senado, el Pleno aún deberá discutir y aprobar (o rechazar) este cambio en la estructura del gobierno mexicano.