Por Bruno Cortés
En la reciente reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia, el diputado federal Emilio Suárez Licona, del PRI, tomó la palabra con un tema candente entre manos: la reforma al Poder Judicial. En un ambiente donde la incertidumbre sobre la seguridad de los jueces y magistrados se siente palpable, Suárez Licona pidió que se presentara un informe que aclarara si hay suspensiones provisionales que puedan afectar la discusión legislativa. Suena complicado, pero lo que realmente busca es claridad en un proceso que podría impactar la manera en que se imparte justicia en el país.
El diputado no se quedó ahí. A nombre de su bancada, solicitó audiencias públicas para escuchar a quienes conocen el sistema de justicia de cerca: magistradas, magistrados y jueces. ¿La razón? Hay preocupaciones legítimas sobre cómo la reforma podría afectar su trabajo, especialmente en un contexto donde la violencia contra funcionarios del sistema judicial ha dejado a 37 candidatos asesinados en las pasadas elecciones, y esos casos siguen sin resolverse.
Sin embargo, su propuesta no encontró eco. Morena y sus aliados rechazaron la idea de realizar estas audiencias. Suárez Licona explicó que, sin el input de quienes están en el día a día de la justicia, se podrían estar tomando decisiones a ciegas. Puntos cruciales, como el tratamiento de jueces que enfrentan amenazas de la delincuencia organizada y los que están en el limbo de ser designados a nuevas áreas, quedaron en el aire.
La inquietud es clara: en un entorno donde la violencia ha afectado a todos los partidos, entender las voces de quienes están en el campo de batalla de la justicia es más relevante que nunca. La falta de diálogo con el Poder Judicial podría llevar a que se tomen decisiones sin tener en cuenta las realidades que enfrentan estos profesionales. La pregunta que queda en el aire es: ¿realmente estamos listos para hablar de justicia sin escuchar a quienes la administran?