Las elecciones del 2 de junio se convirtieron en un evento histórico al definir los nuevos líderes para más de 20,700 cargos a nivel nacional, incluida la Presidencia, que por primera vez será ocupada por una mujer. Este resultado, junto con la previsión de una mayoría de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados según el PREP, podría allanar el camino para el avance del Plan C, respaldando las reformas propuestas por el gobierno.
¿Cuáles son las instituciones en riesgo?
El presidente López Obrador presentó un paquete de 10 reformas el 5 de febrero, destacando la propuesta para que los magistrados, ministros y jueces del Poder Judicial sean elegidos mediante votación ciudadana. Según el análisis de Controlrisks sobre los resultados electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría ver disminuida su capacidad de contrapeso debido a la integración de nuevos ministros con visiones similares.
Existe un riesgo considerable de desestabilización en la gobernabilidad, que podría conducir a la politización de la SCJN y al debilitamiento de instituciones autónomas. Además, se plantea la posibilidad de nacionalizaciones y expropiaciones, así como la falta de pragmatismo en las relaciones con el sector privado y el favorecimiento de empresas paraestatales.
Otra reforma propuesta implica la eliminación de organismos públicos autónomos, como el INE, el Inai y el IFT, considerados por el presidente como un gasto excesivo y herencia de gobiernos neoliberales. El Ejecutivo ha propuesto traspasar sus funciones a las secretarías de Estado, lo que plantea incertidumbre sobre el futuro de instituciones como el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística.