Por Bruno Cortés

El día de ayer, la Cámara de Diputados vivió un episodio tenso que ha dejado una profunda preocupación en diversos sectores, especialmente entre las mujeres que luchan por la justicia y contra la violencia de género. La votación de la bancada de Morena, que desechó la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de diversos delitos, ha reavivado las críticas sobre lo que muchos llaman un “pacto patriarcal y de impunidad” dentro del Congreso.

Noemí Luna Ayala y Paulina Rubio Fernández, vicecoordinadoras del grupo parlamentario del PAN, fueron las encargadas de señalar las serias irregularidades que, en su opinión, marcaron esta votación. Según ellas, Morena ha preferido proteger a uno de los suyos antes que escuchar las demandas de justicia de las mujeres. Luna Ayala calificó el debate como un “día tristísimo” en el que, a su juicio, quedó claro que las mujeres siguen siendo invisibilizadas dentro del Congreso.

Una de las principales críticas al proceso es que, durante el debate, se permitió que el propio Cuauhtémoc Blanco, quien es el acusado, hiciera uso de la tribuna sin haberse excusado. Este acto fue visto como una clara muestra de que la justicia se ve obstaculizada por las fuerzas políticas internas, ya que, a pesar de las pruebas y las denuncias, las diputadas de Morena respaldaron a Blanco. Luna Ayala consideró que esto “beneficia” a los poderosos, impidiendo que la justicia siga su curso y, lo más grave, dejando de lado la voz de las víctimas.

Por su parte, Paulina Rubio fue contundente en su crítica. En sus declaraciones, acusó a Morena de “burlarse” de las diputadas y de todas las mujeres que exigen justicia en el país. Señaló que, mientras las víctimas son desoídas y se les pide que presenten más pruebas o documentos, los agresores como Cuauhtémoc Blanco reciben protección por parte de sus compañeros de partido. Rubio agregó que la votación no solo desoía a las mujeres, sino que además demostraba que el gobierno está dispuesto a obstruir el camino hacia la justicia en favor de la impunidad.

Las críticas también llegaron desde el ámbito activista. Yndira Sandoval Sánchez, de la organización Las Constituyentes MX, no dudó en calificar de “vergonzoso” que se desestimara el caso de Blanco, y aún más que se contara con el respaldo de diputadas mujeres. Según Sandoval, este tipo de decisiones reflejan cómo las estructuras patriarcales siguen operando en la política mexicana, donde los acuerdos se toman entre hombres y las mujeres son usadas como «fichas de cambio» para fortalecer esos pactos.

Desde la perspectiva de la activista, este es un reflejo claro de la impunidad que persiste en México, especialmente en casos de feminicidio, donde la mayoría de los delitos terminan en el olvido o sin una resolución. Recordó que, actualmente, el 98% de los delitos relacionados con violencia de género permanecen sin castigo, una cifra alarmante que muestra la desconfianza de la sociedad en el sistema judicial.

Además, Sandoval criticó la justificación que se ha dado por parte de algunos sectores políticos, que culpan a la Fiscalía de Morelos de no presentar una carpeta adecuada, a pesar de que la investigación sobre los actos de Blanco ha sido considerada insuficiente por varias organizaciones. En este sentido, se cuestionó el trabajo del fiscal de Morelos, acusando que obstruye la justicia.

A todo esto, la situación se complica más con la iniciativa presentada por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, que busca retirar el fuero a legisladores y gobernadores. Sin embargo, muchos se han mostrado escépticos de que esta propuesta sea realmente apoyada por la mayoría de la bancada, especialmente después de la votación que favoreció a Blanco.

Lo sucedido en la Cámara de Diputados es, sin duda, un llamado de atención sobre la falta de rendición de cuentas y sobre cómo el poder político sigue siendo un obstáculo para que se haga justicia en casos de violencia de género y corrupción. Mientras tanto, las mujeres y las activistas seguirán alzando la voz, exigiendo que el país deje atrás el pacto de impunidad y comience a trabajar por un sistema judicial que realmente proteja a las víctimas y castigue a los culpables, sin importar su estatus político.