Por Juan Pablo Ojeda

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha continuado con la construcción de un muro fronterizo en la región de Baja California, específicamente sobre la canalización del río Tijuana, cuyo impacto está generando controversia. Este muro, de aproximadamente nueve metros de altura, se extiende a lo largo de los límites territoriales y naturales entre México y los Estados Unidos, violando diversos tratados internacionales que regulan los límites y el manejo de los recursos hídricos en la región.

Altos funcionarios del estado de Baja California y expertos en ingeniería han señalado que la construcción de este muro puede desencadenar efectos catastróficos, principalmente inundaciones en las zonas vecinas de Tijuana y San Ysidro, del lado estadounidense. Aunque el muro fue diseñado como una estructura para facilitar el trabajo de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), cuenta con compuertas de acero que se abrirían electrónicamente para permitir el flujo del agua cuando el nivel del río lo requiera.

Adriana Reséndez Maldonado, comisionada de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en la sección mexicana, expresó públicamente que este muro infringe un acuerdo de 1977 entre ambos países y otros tratados relacionados con el manejo de los cauces hídricos en la región. Reséndez destacó que los efectos de esta obra pueden ser negativos, incluyendo inundaciones, daños materiales y pérdidas humanas en territorio mexicano. Sin embargo, la postura oficial de la CILA se mantiene sin una respuesta concreta ante la falta de acción por parte del gobierno mexicano.

El acuerdo de 1977 especifica que cualquier intervención en el cauce del río Tijuana debe ser de competencia binacional, lo que implica que las obras realizadas en este canal debieron ser consultadas y coordinadas previamente entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Esta normativa internacional parece haber sido ignorada por la administración de Trump al llevar a cabo la construcción del muro sin la debida consulta con el gobierno mexicano.

El río Tijuana, que fluye a lo largo de 195 kilómetros, marca la frontera natural entre Baja California y el sur de California, siendo alimentado por dos redes de desagüe que se unen en la zona urbana de Tijuana. Este cuerpo de agua, que ha sido testigo de tensiones políticas y ambientales a lo largo de los años, se encuentra ahora en el centro de un conflicto que podría tener consecuencias graves para la estabilidad ecológica y social de la región.

Víctor Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, señaló que este es un “tema complejo” que el gobierno mexicano debe abordar con urgencia. Afirmó que se trata de un asunto con implicaciones no solo ambientales y sociales, sino también políticas, ya que involucra el respeto a los acuerdos internacionales que deben ser respetados por ambas naciones.

Aunque las autoridades mexicanas han estado al tanto de la construcción del muro desde su inicio, fuentes cercanas a la CILA en México aseguran que, a pesar de las advertencias de la comisionada Reséndez, no se ha tomado ninguna acción contundente para frenar el avance de esta obra. Las autoridades mexicanas parecen haber permitido, implícitamente, el desarrollo de este proyecto, a pesar de las preocupaciones sobre sus efectos negativos.

El muro, que también cumple la función de puente para el paso de agentes fronterizos, no solo plantea un problema ecológico, sino que también cuestiona la postura del Gobierno de México ante la violación de acuerdos internacionales fundamentales para la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades fronterizas. La falta de respuesta firme podría traer consecuencias duraderas, tanto para el ecosistema como para las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.