Por Juan Pablo Ojeda
En medio del bullicio político que caracteriza al Congreso mexicano, una batalla legal y administrativa se libra por el futuro del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai). Este organismo, encargado de asegurar que el gobierno sea transparente y rinda cuentas a los ciudadanos, se enfrenta a una reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que podría eliminarlo y fusionar sus funciones con dependencias gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública.
Javier Alcalá Méndez, el comisionado presidente del Inai, no se anda con rodeos cuando habla de la amenaza que representa esta reforma. En una entrevista reciente, Alcalá explicó que el instituto está explorando todas las opciones jurídicas posibles para mantener su independencia. Esto incluye llevar el caso a las últimas instancias tanto a nivel nacional como internacional si es necesario.
La reforma planteada por el presidente López Obrador no solo propone la desaparición de siete reguladores autónomos, sino que también ha sido criticada por el propio presidente del Inai, quien considera que representa un retroceso para los derechos humanos y la democracia en México. Alcalá enfatiza que el Inai no es un lujo, sino una pieza clave para garantizar que el gobierno actúe con transparencia y proteja los datos personales de los ciudadanos.
El comisionado también subrayó la importancia del diálogo y la cooperación entre instituciones, a pesar de que el Congreso, ahora dominado por una ‘supermayoría’ oficialista, podría ser menos receptivo a las objeciones. Según Alcalá, el Inai está dispuesto a enfrentar este desafío con argumentos sólidos y buscando siempre un entendimiento antes de recurrir a medidas más drásticas.
El debate no es solo sobre la existencia del Inai, sino también sobre el impacto que tendría su desaparición en los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Alcalá alertó que, además de los riesgos para los derechos fundamentales, la reforma podría poner en peligro el empleo de alrededor de 800 trabajadores en la sede nacional y un número similar en las oficinas locales del instituto.
En resumen, el Inai está en una encrucijada. La decisión que se tome en los próximos meses no solo afectará al organismo mismo, sino también a la manera en que los ciudadanos pueden acceder a información pública y proteger su privacidad en un entorno cada vez más digitalizado. El futuro del Inai es, en muchos sentidos, un reflejo de cómo se valoran y defienden los derechos ciudadanos en México.