Editor web Maya Comunicación 
Bajo el mandato de Donald Trump, las políticas migratorias en Estados Unidos se caracterizaron por un enfoque de mano dura que buscaba reducir la inmigración tanto legal como ilegal. Estas políticas incluían la construcción de un muro fronterizo, la separación de familias en la frontera, y un aumento significativo en las deportaciones, generando un debate feroz sobre sus implicaciones éticas, humanitarias y económicas.
Desde el inicio de su primer mandato en 2017, Trump prometió construir un «hermoso muro» a lo largo de la frontera con México, un símbolo de su política de «seguridad fronteriza» que, aunque no se completó en su totalidad, sí avanzó en varios sectores. Esta iniciativa fue financiada parcialmente mediante la reasignación de fondos militares, lo que provocó múltiples controversias y demandas legales por el uso de tal recurso.
Una de las políticas más discutidas fue la de «tolerancia cero» implementada en 2018, que resultó en la separación forzada de miles de familias migrantes en la frontera. Esta medida buscaba disuadir la migración ilegal mediante la criminalización de cruzar la frontera sin autorización, lo que llevó a la detención de padres y la colocación de sus hijos en refugios separados. La indignación pública y las demandas judiciales eventualmente obligaron a revertir esta política, pero no antes de que sembrara caos y dolor entre muchas familias.
Trump también se enfocó en la deportación de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales. Su administración amplió el alcance de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incrementando las redadas en lugares de trabajo y comunidades, lo que aumentó notablemente el número de deportaciones durante su primer mandato. Sin embargo, las cifras de deportaciones disminuyeron hacia el final de su mandato en comparación con la administración de Obama.
Otra medida significativa fue la implementación de la «regla de carga pública», que pretendía dificultar la obtención de la residencia permanente para aquellos inmigrantes que podrían depender de programas de asistencia pública. Esta política afectó tanto a inmigrantes legales como a indocumentados, creando un ambiente de miedo entre las comunidades inmigrantes, quienes temían que el uso de servicios básicos podría afectar su situación migratoria.
El presidente también intentó limitar la inmigración legal al cambiar el sistema de visas basado en la reunificación familiar por uno de «mérito», donde se priorizarían las habilidades profesionales y el conocimiento del inglés. Este cambio, aunque no se concretó completamente, reflejó la visión de Trump de una inmigración más selectiva.
En términos de asilo, la administración Trump puso en práctica políticas para restringir drásticamente el acceso al asilo en EE.UU., incluyendo el «Protocolo de Protección al Migrante» (MPP), que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se resolvían. Esta política, conocida como «Quédate en México», fue criticada por las condiciones peligrosas a las que se enfrentaban los solicitantes en territorio mexicano.
La retórica antimigrante de Trump, con declaraciones como «los mexicanos son criminales y violadores», no solo influyó en su base electoral sino que también exacerbó el ambiente de xenofobia y racismo en el país, contribuyendo a un aumento en los crímenes de odio. Este discurso y las políticas que lo acompañaron moldearon una era de inmigración en EE.UU. marcada por la incertidumbre y el miedo para muchos migrantes.
Mientras Trump se prepara para un nuevo mandato en 2025, se anticipa que podría intentar revivir y expandir estas políticas, con una agenda que incluye deportaciones masivas, restricciones aún más severas al asilo y una mayor militarización de la frontera. Las expectativas de una administración Trump 2.0 en materia migratoria generan preocupación tanto en México como en comunidades migrantes dentro y fuera de Estados Unidos.
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