Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la seguridad pública en México ha sido un tema de constantes altibajos. Si bien algunos delitos han experimentado reducciones, otros han mostrado cambios significativos y preocupantes, posicionando a este periodo como el más violento en la historia del país.
Según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el delito de homicidio doloso ha presentado una tendencia a la baja desde el inicio de la administración federal. En febrero de este año, se registró una disminución del 21.1% en comparación con diciembre de 2018. No obstante, estos números contrastan con la cifra total de homicidios dolosos y secuestros durante el sexenio.
Hasta noviembre de 2022, se contabilizaron alarmantes 137,603 asesinatos, lo que representa un incremento del 13.14% en comparación con administraciones anteriores. Además, entre diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2023, México ha registrado un total de 156,136 casos de homicidios. Estas cifras ponen de manifiesto una realidad preocupante y sitúan al gobierno de López Obrador en el centro de un debate acalorado sobre la seguridad en el país.
En cuanto a los secuestros, se ha informado que este delito ha experimentado una reducción del 74.6% en comparación con el máximo histórico registrado en enero de 2019. Si bien esta disminución es alentadora, el Observatorio Nacional Ciudadano ha alertado que la tasa general de delitos ha alcanzado su máximo histórico durante el gobierno de López Obrador, generando preocupación y cuestionamientos sobre las estrategias implementadas.
En resumen, a pesar de las disminuciones en ciertos delitos durante el gobierno de López Obrador, el sexenio se perfila como el más violento en la historia de México. El incremento en el nivel de homicidios dolosos y secuestros en comparación con administraciones anteriores es motivo de preocupación y exige un análisis detallado sobre las políticas y estrategias implementadas en materia de seguridad pública. El desafío persiste y se requiere una respuesta contundente para garantizar la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos mexicanos.