Por Bruno Cortés
El pasado 25 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó mantener el fuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, frente a las acusaciones en su contra por tentativa de violación en el caso de su media hermana, Fabiola “N”. La votación, que se realizó en una sesión muy esperada, resultó en 291 votos a favor, superando la cifra mínima de 251 votos requerida para evitar su desafuero. Esto significa que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, Blanco no podrá ser juzgado como un ciudadano común, sino que mantendrá los privilegios legales que le otorgan su puesto como diputado federal.
Este respaldo se dio después de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dictaminara que el expediente presentado por la Fiscalía de Morelos era “notoriamente improcedente”, argumentando que no cumplía con los requisitos legales necesarios para proceder con el desafuero. La votación fue mayoritariamente respaldada por los diputados de Morena, con el apoyo también de algunos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Solo 158 votaron en contra, y 12 se abstuvieron.
Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente entre los partidos de oposición. Diputadas del PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo (PT) expresaron su indignación ante lo que calificaron como un acto de impunidad y un pisoteo a los derechos de las víctimas, especialmente de las mujeres. María Teresa Ealy, diputada de Morena, lamentó profundamente la decisión y subrayó que proteger a un posible agresor sexual es una forma de encubrir la violencia. “Hoy ha sido un día oscuro para las mujeres en México”, dijo a través de sus redes sociales.
Desde el PAN, Noemí Luna también cuestionó la decisión, acusando a los partidos que votaron a favor de Blanco de “pisotear” el discurso feminista y de faltar al reglamento de la Cámara de Diputados al permitir que el propio exgobernador se defendiera desde la tribuna. La senadora Mayuli Martínez se sumó a las críticas, haciendo un llamado a los legisladores de Morena a no dejar “en el olvido” un caso tan grave.
Por otro lado, la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, dejó claro que su partido votó en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación (4T), remarcando que el fuero no debe usarse para proteger a funcionarios públicos acusados de delitos, especialmente de violencia de género.
Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, la diputada Anayeli Muñoz también alzó la voz, sugiriendo que la alianza entre PRI y Morena habría negociado a favor de la protección de Blanco, en lugar de poner por encima la justicia para las mujeres víctimas de violencia. “Proteger a un político no puede estar por encima del compromiso que hicimos con las niñas y mujeres de México”, comentó.
Este debate ha generado una severa controversia en la sociedad mexicana. Activistas y ciudadanos han cuestionado la decisión de la Cámara, subrayando que la violencia contra las mujeres no debe ser minimizada, independientemente de la posición de poder de los acusados. La discusión continúa, y el futuro del exgobernador en la política mexicana podría depender de los próximos movimientos tanto de la justicia como de los actores políticos involucrados.
