El Fondo de Pensiones para el Bienestar es legal y apropiado, asegura Ignacio Mier

CDMX a 17 de abril, 2024.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, ha salido en defensa de su propuesta para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, enfrentando las críticas de la oposición que tilda la iniciativa de inconstitucional y electorera. Según Mier, la propuesta es completamente legal y no afectará los ahorros de los trabajadores contenidos en las Afores activas.

Durante una reciente reunión en San Lázaro con representantes de la coalición Juntos Hacemos Historia, y titulares de la Secretaría de Gobernación, ISSSTE, IMSS, e INFONAVIT, Mier explicó que el fondo utilizaría únicamente cuentas inactivas de las Afores y remanentes de diversas instituciones. «Estas cuentas inactivas seguirán siendo imprescriptibles, lo que significa que los trabajadores pueden reclamar su dinero en cualquier momento», aclaró.

El líder de Morena destacó que existen actualmente 55 millones de trabajadores con Afore, distribuidos en 74 millones de cuentas, enfatizando la protección que se continuará ofreciendo a estos ahorros. Además, reveló que el dictamen incluirá una disposición para notificar a los trabajadores un año antes de que sus cuentas cumplan 10 años de inactividad, además de obligar a las Afores a informar periódicamente sobre el estado de los ahorros.

Mier también recordó un decreto del 2002, bajo la administración del expresidente Vicente Fox, que permitió el uso de más de 20 millones de pesos de cuentas inactivas de trabajadores, acusando a la oposición de hipocresía por su cambio de postura respecto a iniciativas similares. Criticó que esos recursos no se destinaron a beneficios directos para los trabajadores ni a la creación de un fondo solidario, como el que él propone.

El debate sobre la legalidad y la moralidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar es intenso, con la oposición preparando una acción de inconstitucionalidad. Este fondo, según Mier, no solo es legal, sino que también apunta a un uso más ético y transparente de recursos inactivos para apoyar el bienestar de los trabajadores retirados en el futuro.