Ciudad de México, a 05 de marzo de 2024 – Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sigue envuelto en la polémica y el escándalo. A pesar de estar acusado por graves desfalcos al erario en la trama de Odebrecht y en la operación de compra de una planta de fertilizantes inútil, ha recibido continuos privilegios judiciales que le permiten enfrentar su juicio en libertad, señaló Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal.
Durante la presentación de la sección Cero Impunidad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Bucio criticó la cadena de decisiones judiciales que han beneficiado a Lozoya Austin, quien fue arrestado en España por el caso Odebrecht y posteriormente concedida la prisión domiciliaria por el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro. Este amparo viene acompañado de medidas como el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la corte.
La secuencia de eventos resalta la disposición del sistema judicial para otorgarle a Lozoya una serie de concesiones que han levantado cuestionamientos sobre la imparcialidad de la justicia mexicana. Incluso después de su fuga y captura en España, se argumentó que la petición de prisión preventiva no estaba justificada, violando así su derecho a la certeza y seguridad jurídica, según expuso el subsecretario.
Además, Rodríguez Bucio remarcó otros ejemplos de privilegios judiciales, como la decisión del juez Gerardo Genaro Alarcón López de excluir a Lozoya de la responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, argumentando que dicho pago ya había sido realizado por el empresario Alonso Ancira. Otro caso notable es la decisión de la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, que revocó la acción de extinción de dominio sobre un inmueble adquirido con fondos ilícitos, favoreciendo nuevamente a Lozoya.
Este panorama pone en evidencia una serie de decisiones judiciales que han favorecido a Lozoya, permitiéndole evadir consecuencias más severas por sus acciones, y plantea serias preguntas sobre la eficacia y equidad del sistema de justicia en México.