Por Juan Pablo Ojeda

A pesar de los avances legales en la despenalización del aborto en México, el estigma y la criminalización social siguen presentes en el ámbito de la salud, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres y personas gestantes. En el marco del Día Internacional de la Mujer, especialistas en salud señalaron que el aborto debe ser abordado como un servicio médico y no como un delito, destacando que es urgente eliminar las barreras y prejuicios que persisten en las instituciones sanitarias.

El Estigma y la Criminalización Siguen Obstaculizando el Acceso

Desde 2007, la Ciudad de México despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas, y desde 2019, 21 estados han seguido su ejemplo. Sin embargo, la ginecobstetra Karla Figueroa enfatizó que, a pesar de este avance legal, el estigma y la criminalización social continúan generando temor entre el personal de salud. «Muchos médicos prefieren no realizar el aborto, se declaran objetores de conciencia o retrasan el servicio, buscando transferir a las pacientes a otros lugares», comentó Figueroa.

A esto se suma la falta de recursos y medicamentos en diversas instituciones de salud, lo que provoca demoras en la atención y obliga a muchas mujeres a buscar alternativas privadas para garantizar su acceso a un procedimiento seguro.

Desinformación y Prejuicios que Aumentan los Riesgos

Aunque el aborto está permitido en casos de violación en todo el país y la criminalización es inconstitucional según la Suprema Corte, la desinformación sigue siendo un gran obstáculo. Muchas mujeres viajan a la Ciudad de México para acceder a un aborto legal, pero no todas pueden costear este desplazamiento ni acceder a un procedimiento seguro.

La médica ginecobstetra María Eréndira Itami Sordo subrayó la necesidad de una mayor sensibilización y capacitación del personal médico para eliminar los prejuicios que ponen en peligro la salud de las personas gestantes. «Ninguna mujer debería morir por no tener acceso a un aborto seguro», señaló Itami, integrante de la red Salvemos Miles de Vidas, que lucha por los derechos reproductivos en México.

Abortar como un Derecho de Salud Pública

Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, psicóloga en Michoacán, estado que recientemente despenalizó el aborto, hizo un llamado a tratar este procedimiento como un servicio de salud en lugar de un delito. «Es importante que desde las universidades se forme a los profesionales de la salud con una visión de salud pública y derecho», añadió.

Por su parte, Georgina Díaz Orozco, ginecobstetra del IMSS, destacó que el sistema público de salud mexicano tiene el potencial de ofrecer servicios de calidad si se elimina el estigma. Sin embargo, señaló que la calidad del servicio en ciudades como la Ciudad de México y en estados donde el aborto ya es legal no garantiza la equidad en el acceso, especialmente en áreas donde persisten prejuicios.

La Urgencia de Modificar los Plazos y Eliminar Barreras

Las especialistas coincidieron en la necesidad de eliminar los plazos limitados para acceder a un aborto, que, a menudo, terminan poniendo en peligro a las personas más vulnerables. El retraso en la atención puede llevar a procedimientos inseguros, especialmente en aquellos casos donde la interrupción del embarazo se realiza más allá de las 12 semanas.

Figueroa criticó que los legisladores continúan imponiendo plazos arbitrarios, basados en prejuicios y moralidades, sin tener en cuenta las realidades científicas y de salud. «Es lo mismo interrumpir un embarazo más allá de las 12 semanas, ya que las conexiones neuronales se establecen hasta las 24 semanas», agregó la especialista.

Un Llamado a la Acción

El debate sobre el aborto en México continúa siendo uno de los temas más controvertidos en el ámbito político y de salud. Sin embargo, las profesionales de la salud coinciden en que es urgente cambiar la perspectiva sobre el aborto, tratándolo como un servicio médico esencial y no como un acto criminal. La falta de recursos, el estigma y la desinformación siguen siendo obstáculos que deben ser abordados para garantizar el acceso de todas las mujeres y personas gestantes a un procedimiento seguro y legal.