Por Bruno Cortés

En el Congreso Mexicano se sigue librando una batalla sobre el rumbo que deben tomar las políticas de seguridad, derechos humanos y justicia. Esta vez, la discusión se centra en varios dictámenes que han generado controversia entre los legisladores, quienes advierten sobre lo que consideran serias amenazas a la autonomía de las instituciones civiles y a los derechos fundamentales de los mexicanos.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la acusación de que estos dictámenes son “una falacia”. A pesar de que en su exposición de motivos se menciona que están basados en la Estrategia Nacional de Seguridad presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la realidad es que, según los legisladores críticos, este documento nunca se ha presentado oficialmente en el Senado o en otro órgano legislativo. Esto ha levantado serias dudas sobre la autenticidad y la base legal de las propuestas.

Lo más alarmante de este paquete de reformas, según los opositores, es la clara tendencia hacia la militarización de la Guardia Nacional, un tema que ya ha sido objeto de debates previos. La reforma, de acuerdo con los críticos, otorga un poder aún mayor a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que deja de lado a las policías civiles, que deberían ser las encargadas de mantener el orden público en un país democrático. No solo se está consolidando la influencia militar, sino que además, estas reformas podrían poner en peligro el acceso y control de información personal de los ciudadanos, específicamente en lo que respecta a los datos biométricos de telefonía móvil, lo que podría hacerse sin la supervisión de un juez, algo que para muchos resulta una clara violación a la privacidad.

Otro punto clave es la creación de un padrón digital de usuarios de telefonía móvil, algo que fue declarado inconstitucional en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que ahora se intenta revivir a través de estas reformas. Para los legisladores críticos, esto no solo va en contra de la Constitución, sino que también abre la puerta a la violación de derechos humanos sin una adecuada supervisión.

Y la cosa no queda ahí. Otro de los puntos más preocupantes de estos dictámenes es la posibilidad de que se elimine el Registro Nacional de Tortura, algo que es fundamental para documentar y prevenir abusos por parte de las autoridades. Además, las reformas proponen que se faculte a las instituciones policiales para llevar a cabo tareas de investigación preventiva, un término ambiguo que no está claro ni en los documentos presentados. La falta de precisión en esta área ha generado temor de que se puedan realizar investigaciones sin el debido proceso.

En cuanto a la transparencia y acceso a la información, también se menciona un cambio en la legislación que podría permitir el acceso de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a información confidencial, algo que preocupa a los defensores de los derechos civiles por el riesgo de que se vulneren los derechos patrimoniales de las personas, especialmente en el ámbito bancario.

Frente a todo esto, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Constitución en materia de desapariciones forzadas, tema que sigue siendo uno de los más graves en México. Su propuesta busca incorporar en la Carta Magna la prohibición total de la desaparición de personas, ya sea por parte de agentes del Estado o de grupos del crimen organizado. Además, busca garantizar la búsqueda de personas desaparecidas como una tarea esencial e indelegable del Estado Mexicano, asegurando que se tomen todas las medidas para localizar y reintegrar a estas personas a sus familias, de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Moreira también hizo hincapié en la necesidad de establecer un Centro de Identificación Humana y un Banco Nacional de Datos Forenses que facilite la identificación de personas desaparecidas. Pero además, propuso que se garantice la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, asegurando que sus derechos patrimoniales no queden desprotegidos.

En medio de todo este caos legislativo, los miembros del PRI también se pronunciaron en contra de cómo se está manejando el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, al señalar que el dictamen que discute su desafuero ha sido filtrado y no se ha presentado de manera oficial, lo que ha provocado confusión en la ciudadanía. Según los priistas, esto no es una forma seria de hacer política, pues se están dando versiones contradictorias sobre el proceso, lo que afecta la confianza del público en las instituciones.

Mientras tanto, la diputada Lorena Piñón Rivera denunció las amenazas contra candidatos en Veracruz, donde varios han reportado intimidaciones que afectan su patrimonio y su integridad. Ante esto, hizo un llamado urgente para que se active un protocolo estatal de protección para los candidatos municipales, algo que considera fundamental para garantizar que las elecciones se lleven a cabo en condiciones de seguridad para todos.

Este escenario refleja las tensiones que atraviesa el país en términos de seguridad, derechos humanos y justicia. Si bien algunas propuestas buscan hacer frente a problemas reales como la desaparición de personas y la violencia, las críticas a las reformas en materia de seguridad son claras: la militarización de las fuerzas de seguridad podría traer consigo más riesgos que soluciones para los ciudadanos.