Por Juan Pablo Ojeda
En un paso firme para combatir uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos de la Ciudad de México, el Congreso local aprobó por unanimidad una reforma crucial al Código Penal. Este dictamen, respaldado por 59 votos a favor y cero en contra, tiene como objetivo reforzar las leyes contra la extorsión, un crimen que en los últimos años ha mostrado un alarmante aumento, especialmente en su modalidad digital.
La propuesta llegó de la mano de figuras clave como la diputada Tania Nanette Larios Pérez, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Todos coincidieron en que la extorsión no solo afecta los bienes materiales de las víctimas, sino que también altera profundamente su bienestar físico y psicológico. Quienes son víctimas de este delito se ven obligados a vivir en un estado de miedo y angustia, y muchas veces, este malestar no desaparece incluso después de cumplir con las demandas de los criminales.
Con esta reforma, las autoridades buscan ofrecer herramientas más eficaces para la persecución y sanción de los responsables, asegurando que las víctimas puedan recuperar su tranquilidad y confianza en el sistema de justicia. Este tipo de delitos no solo lesiona las finanzas personales o empresariales de las personas, sino que también afecta gravemente la seguridad de las redes bancarias y pone en riesgo la privacidad y los derechos fundamentales de las víctimas, como se destacó en la iniciativa de la alcaldesa Rojo de la Vega.
Además, se reconoció que la extorsión ha evolucionado con los tiempos, y las nuevas modalidades de fraude telefónico, robo de identidad y otros delitos digitales se han multiplicado con la llegada de las tecnologías. Estos delitos no solo afectan la economía de las personas, sino que también dañan la confianza de la ciudadanía en instituciones clave como los bancos y la policía.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la importancia de actualizar las leyes para hacer frente a las nuevas formas de extorsión que hoy en día no solo se cometen en la calle, sino también a través de internet y teléfonos móviles. Para ella, es fundamental que las autoridades repiensen cómo enfrentar este delito de manera integral, garantizando la protección total de las víctimas y su derecho a vivir en un entorno libre de violencia.
En resumen, la reforma aprobada no solo busca endurecer las penas contra los extorsionadores, sino también ofrecer un enfoque más amplio que tome en cuenta los efectos psicológicos y sociales que la extorsión tiene en las personas. Esta reforma es un paso importante para recuperar la confianza de los capitalinos en su seguridad y en el sistema judicial de la Ciudad de México.