Por Bruno Cortés

El pasado viernes, el Tribunal Superior Agrario (TSA) tomó una decisión que ha causado gran revuelo en el ámbito rural: el cierre de seis tribunales unitarios agrarios ubicados en diversas partes del país. Esta medida, que responde a un recorte presupuestal, ha puesto en alerta a miles de campesinos, ejidatarios y a sus representantes en el Congreso, quienes temen que esta decisión deje a muchas comunidades sin acceso a la justicia agraria.

La diputada Leticia Barrera Maldonado, del PRI, fue una de las primeras en alzar la voz contra el acuerdo, señalando que este recorte afectaría a más de 700 mil campesinos y ejidatarios de al menos seis estados del país, entre ellos Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Campeche, Guerrero y Tamaulipas. Según Barrera, el problema no es solo el cierre de estos tribunales, sino que también las autoridades del TSA no han tomado en cuenta el impacto económico y social que esto traerá. En Sinaloa, por ejemplo, los casos que se atendían en Culiacán ahora deberán ser trasladados a los tribunales en Guasave y Mazatlán, lo que significará un viaje largo y costoso para más de 150 mil campesinos.

Los campesinos, quienes ya se encuentran en una situación económica difícil, se verán obligados a gastar más dinero en transporte, alimentación e incluso hospedaje, lo que dificultará aún más el acceso a la justicia que, en muchos casos, ya es tardada y complicada. Además, los trabajadores de estos tribunales que serán cerrados perderán su empleo, lo que añade otro factor de preocupación en una región que ya enfrenta grandes retos económicos.

Por su parte, los diputados del PRI, como Christian Castro Bello y Mario Zamora Gastélum, también se han pronunciado en contra de esta medida, argumentando que el cierre de los tribunales unitarios agrarios no solo impactará la economía de los campesinos, sino que también incrementará los tiempos y costos de los procesos judiciales, lo que podría retrasar aún más la resolución de sus problemas legales. Zamora, además, subrayó la situación de inseguridad que enfrentan las comunidades rurales, lo que pone en riesgo la integridad de quienes deben trasladarse a otras localidades para resolver sus casos.

Ante esta situación, los campesinos ya han presentado amparos para revertir el acuerdo del TSA, y la diputada Barrera adelantó que continuará luchando desde el Congreso para que el gobierno federal atienda esta problemática que afecta a los más vulnerables. Además, Barrera anunció que presentará un exhorto para exigir que Segalmex, la entidad encargada de pagar a los productores, salde los adeudos pendientes, como los de los productores de frijol en Durango, quienes llevan meses esperando el pago por su cosecha.

La situación que enfrentan los campesinos y ejidatarios es clara: el recorte presupuestal y el cierre de tribunales agrarios profundizan una crisis que ya afectaba a este sector. Mientras tanto, los legisladores aseguran que seguirán luchando para que la justicia agraria sea accesible, cercana y eficiente para quienes más lo necesitan.