El Cefereso 16, la única prisión federal para mujeres en México, se encuentra en el centro de una alarmante crisis. En menos de tres meses, Yadira, Samantha y Giovanna se han sumado a la trágica lista de fallecimientos en este penal de máxima seguridad en Morelos. Las autoridades han calificado los tres decesos recientes como suicidios, al igual que las 11 mujeres que murieron en 2023. Sin embargo, la realidad dentro de estas paredes es mucho más compleja y perturbadora.
Las condiciones en el Cefereso 16 han sido objeto de crecientes críticas. Las presas pasan 23 horas al día en sus celdas, con solo una llamada semanal de 10 minutos permitida, que deben elegir entre familia o abogado. Las actividades laborales, educativas, deportivas y culturales son inexistentes, y el acceso a la atención médica es gravemente deficiente. La falta de medicamentos, especialmente para enfermedades crónicas, es alarmante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado la «desatención médica brutal» y la inexistencia de servicios médicos esenciales.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ha realizado numerosos intentos para mejorar la situación, incluyendo 611 peticiones administrativas y 64 controversias en 2023. Además, ante la crisis de suicidios, el IFDP presentó dos amparos para garantizar atención médica urgente para 58 internas. A pesar de un fallo provisional a favor, la prisión no cumplió, y Samantha, una de las afectadas, falleció esperando dicha atención.
El caso de Samantha, que llegó al Cefereso 16 desde Monterrey para cumplir una condena de 29 años, destaca la falta de respuesta a sus necesidades. Diagnosticada con ansiedad y con intentos previos de suicidio, sufrió sujeción forzada, una práctica que va en contra de los estándares internacionales de salud mental. La Defensoría Pública intentó sin éxito ingresar al penal para entrevistarse con ella y solicitar atención psiquiátrica urgente.
Las muertes de Yadira y Giovanna siguen el mismo patrón de negligencia. Yadira, de 42 años, falleció tras intentar ser trasladada a otro centro sin éxito. Giovanna, conocida como Sherlyn, había solicitado insistentemente un cambio de penal o módulo, pero su solicitud no fue atendida y murió el 18 de agosto.
El Cefereso 16 alberga actualmente a unas 1,050 mujeres, de las cuales el 40% está en prisión preventiva, es decir, aún no han sido condenadas. Esta situación contrasta con los primeros años de operación, cuando el 70% de las internas estaba en prisión preventiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sancionado a México por el abuso de esta figura.
La situación en el Cefereso 16 se agrava con la reciente expansión de la población carcelaria. El centro pasó de 781 mujeres en enero de 2022 a 1,220 en mayo de 2023, sin la infraestructura adecuada para alojarlas. En respuesta a la crisis, al menos 51 mujeres han sido trasladadas a otros penales en el Estado de México y Ciudad de México.
Las autoridades y la empresa Capital Inbursa, que administra el penal, enfrentan un creciente escrutinio. La prisión, que genera ingresos significativos, ha sido criticada por no cumplir con los estándares básicos de derechos humanos. La Fiscalía General de la República investiga las condiciones y responsabilidades en torno a estas muertes, que reflejan un sistema penitenciario en crisis y un llamado urgente a la acción para garantizar la vida y la dignidad de las internas.
La situación en el Cefereso 16 es un grito desesperado por justicia y reformas en el sistema penitenciario mexicano. La falta de respuesta adecuada y la continua negligencia son inaceptables, y es imperativo que se tomen medidas inmediatas para detener esta tragedia en curso.