El caso de Esmeralda Gallardo exhibe la dolorosa lista de ‘madres buscadoras’ asesinadas en México
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 7 de octubre, 2022.- Al amanecer del martes pasado, un grupo de sicarios acribilló a Esmeralda Gallardo, una mujer que buscaba a su hija Betzabé Alvarado, una joven de 24 años que desapareció el 13 de enero de 2021 en el estado de Puebla.
Desde ese día, Gallardo, de 40 años, se convirtió en una más de las miles de «madres buscadoras» que se organizan de manera colectiva en más de 70 grupos a lo largo del país para investigar, interponer denuncias y recorrer campos en busca de fosas comunes que, muchas veces, escarban con sus propias manos con la esperanza de encontrar restos humanos.
Con ella, ya son por lo menos 16 las personas asesinadas en los últimos 13 años mientras buscaban a algún familiar en el país, que enfrenta una grave crisis humanitaria: ya hay más de 100.000 desaparecidos y más de 60.000 cuerpos sin identificar. Las morgues no dan abasto.
La ejecución de la mujer, que se transformó en activista a fuerza de vivir una tragedia, desató una conmoción en las organizaciones de derechos humanos, ya que deja en evidencia la desprotección en la que sobreviven las personas que son víctimas de la desaparición de un hijo, una hermana, un padre.
«Déjense de discursos superficiales y garanticen los derechos y seguridad de las víctimas, los derechos y seguridad de las familias de las personas desaparecidas», exigió el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla en un comunicado en el que recordó que la responsabilidad de lo que ocurre es del Estado.
Con Esmeralda Gallardo, ya son tres las madres buscadoras asesinadas este año, aunque en uno de los casos no hay vinculación con su labor de derechos humanos. La cifra asciende a ocho durante los casi cuatro años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En peligro
El pasado 17 de julio, Brenda Jazmín Beltrán, de 37 años, murió asfixiada. Era integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme (Sonora), ya que buscaba a su hermano Luis Heraldo, quien fue secuestrado por una organización criminal en 2018.
Desde el inicio de la investigación se descartó una vinculación a su labor en derechos humanos, ya que el responsable fue su pareja. Sóstenes ‘N’ la mató en un hotel y fue condenado a 50 años de prisión.
El 30 de agosto, justo la fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Rosario Lilián Rodríguez Barraza fue secuestrada al salir de una iglesia en Elota (Sinaloa). Acababa de asistir a una misa en honor a su hijo Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, desaparecido el 16 de octubre de 2019. Por él, se había sumado al colectivo de búsqueda ‘Corazones sin Justicia’.
Horas más tarde, el cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida, atropellado. Ya había recibido y denunciado amenazas de policías y de criminales. No recibió protección alguna.
La misma indolencia sufrió Zenaida Pulido Lombera, una mujer de 43 años y primera buscadora víctima durante este Gobierno. Fue acribillada el 19 de julio de 2019 por un grupo de sicarios. Acababa de interponer una denuncia por recibir amenazas por su trabajo como parte de los colectivos de búsqueda de Michoacán, a los que se unió por la desaparición de su esposo Elidio Cisneros, ocurrida en 2003.
El 14 de octubre de 2020, María del Rosario Zavala Aguilar, de 45 años, fue baleada en la puerta de su casa, en Guanajuato. Ahí mismo, 10 meses antes, un grupo armado había secuestrado a su hijo Yatziri Misael Cardona, de 16 años. Se unió a los grupos de madres buscadoras, pero su activismo incomodó y terminaron matándola. Dejó huérfanos a otros cinco hijos.
Siete meses después, el 29 de mayo de 2021, sicarios ejecutaron en plena calle a Javier Barajas, un activista miembro de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato que indagaba la desaparición de su hermana Guadalupe Barajas Piña, una maestra rural desaparecida el 29 de febrero de 2020 y cuyo cuerpo fue encontrado un año más tarde en una fosa clandestina.
La noche del 15 de julio de 2021, hombres armados secuestraron a Gladys Aranza Ramos. La sacaron de su casa, frente a su madre y su bebé. Un rato más tarde, el cuerpo fue hallado sin vida. La joven de 28 años se había sumado al colectivo Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora para tratar de localizar a su esposo, Brayan Omar Celaya, desaparecido desde el 6 de diciembre de 2020 en una comisaría.
Solo transcurrió una semana antes de que se sumara otra víctima y con el mismo modus operandi, pero en Zacatecas. El 22 de julio, José Nicanor Araiza Dávila fue sacado de su casa por un grupo de criminales. Su cuerpo fue encontrado cinco días después en una terracería. El activista, de 51 años, buscaba a su hijo José Nicanor Araiza Hernández, de 27 años, quien desapareció el 30 de septiembre de 2018.
Duelo permanente
La primera madre buscadora asesinada de la que se tenga registro es Marisela Escobedo, quien el 16 de diciembre de 2010 fue ejecutada a sangre fría mientras protagonizaba un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Reclamaba justicia por su hija Rubí Marisol Frayre, una adolescente de 16 años a la que su novio, Sergio Rafael Barraza, mató y desapareció.
Escobedo, que tenía 52 años al momento de su muerte, simbolizó de manera involuntaria las trabas que enfrentan los familiares de desaparecidos en el país. Fue ella quien investigó, la que buscó a su hija por todos los medios. Sin apoyo de las autoridades, logró que Barraza fuera detenido pero, a pesar de que el hombre confesó, fue declarado inocente. Ya libre, se unió al Cártel de los Zetas.
Los restos de Rubí nunca fueron encontrados. Escobedo jamás cesó en su lucha para que hubiera justicIa, hasta que las permanentes amenazas que recibía, se concretaron. El caso desató tal conmoción, que incluso Netflix distribuyó el documental titulado ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’.
Pasaron solo dos meses para que los colectivos de derechos humanos volvieran a enfrentar un duelo. El 4 de febrero de 2011, sicarios asesinaron en su casa a Leopoldo Valenzuela Escobar, mejor conocido como ‘Don Polo’, un hombre de 80 años que buscaba a su hijo Leopoldo Valenzuela Gómez, quien había desaparecido el 23 de septiembre de 2010 en Durango.
A Nepomuceno Moreno Reyes, de 56 años, lo mataron a balazos el 28 de noviembre de 2012, mientras viajaba en su camioneta en Sonora. Participaba en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad porque buscaba a su hijo Jorge Mario, de 18 años, desaparecido desde el 1 de julio de 2010.
El 12 de mayo de 2014, Jesús Fernando Valenzuela mató a Sandra Luz Hernández, madre de Edgar García, quien estaba desaparecido desde el 12 de febrero de 2012, cuando un comando lo sacó de su casa. La activista fue acribillada en Sinaloa. Aunque el sicario confesó el crimen, quedó libre por falta de pruebas.
A Bernardo Carreto, un hombre que formaba parte del colectivo ‘Siempre vivos’ de Guerrero y que buscaba a sus tres hijos Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, desaparecidos el 10 de mayo de 2015, lo matarona tiros el 23 de diciembre de ese mismo año, mientras viajaba con el resto de su familia. Su esposa fue una de las testigos.
Desprotección
El 22 de junio de 2016, José de Jesús Jiménez Gaona fue asesinado de la misma forma, pero en Veracruz. El activista de 56 años buscaba a su hija Jenny Isabel, de 23, desaparecida el 25 de mayo de 2011.
Casi un año después, el 10 de mayo de 2017, Miriam Rodríguez fue ejecutada a balazos en su propia casa, en Tamaulipas. Al igual que el resto de las víctimas, se hizo activista a la fuerza, para buscar a su hija Karen Salinas, desaparecida el 23 de enero de 2014. Dos años más tarde, encontró sus restos en una fosa común.
Ya había fundado el colectivo Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando, pero fue más allá. Investigó por su cuenta, se disfrazó y adoptó identidades falsas hasta encontrar a los asesinos de su hija. Entregó toda la información a las autoridades para que los detuvieran. Y pidió protección para ella, ante las insistentes amenazas, pero nunca se la dieron.
En marzo de 2010, algunos de los responsables del secuestro y muerte de Karen se fugaron de la cárcel. Semanas después, mataron a Rodríguez.
El cuerpo de Pablo Iván Miramontes Vargas, de 29 años, lo encontraron el 3 de agosto de 2018, en una fosa clandestina en Jalisco, junto con otras nueve víctimas. Hacía un mes lo habían secuestrado luego de recibir amenazas por buscar a su hermano mayor, César Alejandro, desaparecido el 9 de abril de ese año.
