Por Bruno Cortés

Este martes, el Congreso de la Unión se prepara para debatir un tema que ha acaparado la atención pública: la solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo. La diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), fue quien reveló que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó que este tema se discuta en el Pleno del Congreso. Sin embargo, el caso no es tan sencillo como parece, y detrás de todo esto hay una serie de detalles políticos y jurídicos que merecen ser comprendidos.

En una conferencia de prensa, Ortega explicó que el dictamen de la subcomisión que lleva el caso de Blanco será presentado mañana en la sesión. Según la diputada, se tratará de un dictamen que podría incluir diferentes rondas de discusión, dependiendo de cómo se vayan desarrollando los debates.

Lo que destaca de esta situación es el tratamiento que se le ha dado al caso de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual diputado, quien enfrenta acusaciones graves. Según Ortega, el proceso está viciado desde su origen, pues la subcomisión no sólo ha sido lenta en su actuar, sino que ha revictimizando a la víctima. “Cuando llega un orden de desafuero, lo que hace la subcomisión es decidir si lo desecha o no. Sin embargo, en este caso, se han mantenido reuniones que han re-victimizando a la persona que denunció”, mencionó Ortega.

La diputada hizo un llamado a la Cámara de Diputados, compuesta por 251 mujeres y 249 hombres, a escuchar y creer en la víctima, sin caer en prejuicios ni distracciones políticas. De acuerdo con ella, el objetivo no es emitir un juicio de culpabilidad sobre Cuauhtémoc Blanco, sino asegurar que se haga una investigación justa, tal como lo merecería cualquier ciudadano ante una acusación grave. “Lo que estamos pidiendo es que la Fiscalía pueda investigar en condiciones iguales que cualquier otra persona y determine si existe o no culpabilidad”, subrayó Ortega.

Pero la discusión no terminó ahí. La diputada también comentó sobre una nueva propuesta que surgió en torno al seguimiento de las desapariciones en México. Se había planteado la creación de una comisión plural para abordar este doloroso tema, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. La idea era que la mesa de trabajo fuera rotativa, con un representante de cada grupo parlamentario, para evitar que se politizara el asunto. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por varios miembros de la Jucopo, lo que generó un nuevo desencuentro.

A pesar de todo, los legisladores de Movimiento Ciudadano, junto con el PRI y el PAN, lograron alcanzar un acuerdo para que el tema de las desapariciones continúe bajo la supervisión de la Comisión de Justicia. Ortega hizo un último llamado a la Jucopo, pidiendo que reconsideraran su postura y que, en vez de dilatar los procesos, se pusieran del lado de las víctimas y su dolor.

Lo que está claro es que este es un momento crucial en la política mexicana. Mientras se discuten temas tan delicados como la justicia para las víctimas de violencia y desapariciones, el Congreso tiene la responsabilidad de actuar con seriedad y sin ideologías que entorpezcan la justicia. A medida que el caso de Cuauhtémoc Blanco avanza, los mexicanos siguen observando atentamente qué tan dispuestos están sus representantes a priorizar la justicia por encima de los intereses políticos.