Por Bruno Cortés

La reforma contra el nepotismo y la reelección fue uno de los temas más debatidos en el Senado de la República, y aunque ya fue aprobada, aún persisten los cuestionamientos. El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el aplazamiento de la reforma, que estaba pensada para entrar en vigor en 2027, no se debe a una cuestión técnica o de necesidad social, sino a un tema claramente político. De acuerdo con el legislador, la decisión de posponer su entrada en vigor hasta 2030 tiene un trasfondo relacionado con los intereses del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), particularmente en la gubernatura de San Luis Potosí.

Lo que parecía una reforma destinada a mejorar la transparencia y evitar que los hijos, esposos o familiares cercanos de gobernantes heredaran cargos públicos, sufrió una modificación que dejó a muchos con la duda de si realmente se está priorizando el bien común o simplemente intereses electorales. En principio, la reforma tenía como objetivo prohibir la reelección inmediata de los funcionarios y evitar el nepotismo, o lo que es lo mismo, que los parientes directos ocupen el mismo cargo en elecciones sucesivas. Sin embargo, el Senado aprobó la reforma, pero con una inclusión importante: un artículo transitorio que establece que esta medida no entrará en vigor hasta el 2030.

Gerardo Fernández Noroña explicó que la decisión de aplazar la reforma obedece a un interés del PVEM por la gubernatura de San Luis Potosí. En sus palabras, el Partido Verde tenía la intención de que la reforma no entrara en vigor en 2027 porque eso podría haber afectado los intereses de ciertos actores dentro de este partido, como Ruth Miriam González, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo. González, según Fernández Noroña, tiene el perfil para convertirse en candidata a la gubernatura en las elecciones de 2027. Si la reforma se hubiera aprobado para 2027, podría haber afectado esa posibilidad.

El Senado, en un escenario de negociaciones políticas, aprobó este aplazamiento, lo que ha levantado varias voces críticas. Entre ellas, la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se mostró a favor de la reforma, pero también señaló que la decisión del Senado no es una cuestión técnica sino política. Ella misma explicó que su posición siempre fue que la reforma debía entrar en vigor para 2027. Sin embargo, reconoció que, a pesar del aplazamiento, lo importante es que la reforma se apruebe, pues marcaría un antes y un después en la política mexicana al evitar que los cargos públicos se conviertan en una herencia familiar.

La reforma, que busca eliminar el nepotismo y la reelección inmediata, fue vista por la mayoría como un avance, aunque la fecha de entrada en vigor ha generado polémica. El debate refleja la división que existe entre los legisladores, pero también muestra cómo las decisiones en el Congreso no siempre responden únicamente a la urgencia de un cambio, sino también a las circunstancias políticas y a los intereses de los partidos en el poder.

El panorama es claro: mientras algunos defienden el aplazamiento como una necesidad para asegurar estabilidad en los procesos electorales, otros consideran que se ha hecho un favor a los intereses de ciertos partidos con miras a las próximas elecciones. Lo que es indiscutible es que, sea para 2027 o 2030, la reforma es necesaria para evitar que los mismos rostros, o los mismos apellidos, sigan ocupando los mismos cargos durante años.

Con el reloj corriendo hacia 2030, la pregunta sigue siendo si la reforma realmente hará la diferencia que tanto se espera o si, como se ha dicho, se trata de un simple ajuste político para que todo siga igual.