Por Bruno Cortés
En México, la seguridad y la libertad personal son derechos fundamentales que todos deberíamos poder disfrutar sin temor. Sin embargo, hay una conducta que, aunque a menudo pasa desapercibida, puede generar gran daño y angustia a las víctimas: el acecho. Este comportamiento, que implica seguir o vigilar a alguien de manera persistente, se ha convertido en un problema creciente en nuestra sociedad, y por ello, la diputada Verónica Martínez García (PRI) está impulsando una iniciativa que busca castigar este delito con penas de prisión y multas económicas.
La propuesta, que ya fue turnada a la Comisión de Justicia, tiene como objetivo incluir el acecho como un delito dentro del Código Penal Federal, específicamente dentro del capítulo que trata sobre hostigamiento sexual, abuso sexual y violación. La idea es que el acecho sea reconocido como un acto que afecta gravemente la libertad y la seguridad de la persona víctima, alterando su vida cotidiana y generando un riesgo real para su integridad física y emocional.
Bajo la iniciativa, se considera que para que el acecho sea considerado delito, la persona que lo comete debe realizarlo de forma reiterada, al menos dos veces. Esto significa que no basta con un acercamiento ocasional o aislado, sino que debe haber una continuidad en el comportamiento del agresor. Además, el delito no se limita a los casos con fines sexuales. Es decir, el acecho puede ser un comportamiento que atente contra la seguridad de alguien sin tener intenciones sexuales detrás.
La propuesta también establece sanciones claras: de seis meses a dos años de prisión y una multa que podría alcanzar hasta quinientas veces el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), que es una referencia económica utilizada en el país. Sin embargo, si la persona acusada de acecho usa armas, viola una orden de restricción o comete el delito contra una persona vulnerable (como un menor de edad o alguien con discapacidad), las penas se duplican. Incluso se prevé que, si la persona acusada es un servidor público y utiliza su poder para cometer el delito, además de la pena de prisión, se le destituirá de su cargo.
El proyecto también busca evitar que este tipo de conductas queden impunes debido a que, hasta ahora, el acecho no está claramente tipificado en la ley, lo que dificulta que las víctimas puedan hacer denuncias formales antes de que la situación se agrave y, lamentablemente, trascienda en actos de violencia mucho mayores.
A través de esta reforma, la diputada Verónica Martínez García espera que el marco jurídico se adapte a las nuevas realidades sociales y que las víctimas de acecho puedan encontrar una herramienta legal que las proteja, evitando que los acosadores se salgan con la suya y que sus comportamientos violentos se expandan por todo el país, cruzando fronteras entre estados.
En resumen, esta iniciativa busca poner freno a una práctica dañina que cada vez afecta a más personas, reconociéndola como un delito serio y proporcionando las herramientas necesarias para que las víctimas puedan defenderse y acceder a la justicia. El acecho ya no será solo una amenaza invisible: con esta propuesta, el Congreso de la Unión da un paso hacia la protección efectiva de la seguridad y la libertad de los ciudadanos.