Por Juan Pablo Ojeda
El caso de Enrique «Kiki» Camarena, un agente encubierto de la DEA secuestrado y asesinado en febrero de 1985, sigue siendo uno de los episodios más oscuros en la historia del crimen organizado en México. Camarena, que fue brutalmente torturado durante dos días, encontró su trágico final a manos del Cártel de Guadalajara, un hecho que no solo conmocionó a la nación, sino que también desató una fuerte presión de Estados Unidos sobre el Gobierno Mexicano. Esta presión llevó a la desarticulación de la cúpula de este grupo criminal y dejó una huella imborrable en la lucha contra las drogas en el país.
A 39 años de ese fatídico suceso, un reciente documento desclasificado por el Gobierno de Estados Unidos ha reavivado las llamas de la controversia, arrojando sospechas sobre Manuel Bartlett Díaz, quien en ese momento era secretario de Gobernación. Este memorándum, enviado en marzo de 1986 desde la Embajada de Estados Unidos en México al director del FBI, señala que había «fuertes sospechas» de que Bartlett estaba vinculado a actividades de protección para narcotraficantes.
La revelación fue hecha por la antropóloga Ieva Jusionyte y los periodistas Juan Alberto Cedillo e Ioan Grillo, quienes tras dos años de solicitudes de información, obtuvieron este documento que sugiere que la corrupción en el gobierno mexicano podría haber beneficiado a los líderes del narcotráfico. «Las actividades de protección para narcotraficantes posiblemente llegaron al secretario de Gobernación», se lee en el informe, sugiriendo un nivel de complicidad alarmante.
Un fragmento del memorándum menciona que una fuente confidencial tenía especulaciones sobre la implicación de Bartlett en este escándalo, aunque los detalles permanecen censurados. También se advierte que la vida de un informante podría estar en riesgo por compartir información con agentes estadounidenses, lo que añade un nivel de tensión a esta ya complicada trama.
Además, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos han afirmado que Bartlett, quien actualmente dirige la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría ser arrestado si pisa suelo estadounidense. Esta advertencia se basa en múltiples testimonios que lo mencionan en relación con el caso de Camarena. En junio de 2021, Bartlett descalificó tales acusaciones, tildándolas de «falacia».
La situación judicial también ha tomado un giro inesperado. El 23 de marzo de 2023, el juez federal John A. Kronstadt reabrió el juicio relacionado con Raúl López Álvarez, un expolicía judicial de Jalisco. López Álvarez, detenido en 1987, había afirmado falsamente que había asesinado a Camarena para aumentar su estatus en el narcotráfico. El juez ordenó su liberación en junio de 2023, tras casi cuatro décadas en prisión, argumentando que el FBI había presentado pruebas poco fundamentadas en su contra.
Este nuevo capítulo en el caso de Kiki Camarena no solo reaviva el debate sobre la corrupción en el gobierno mexicano, sino que también pone de manifiesto las complicadas interacciones entre el narcotráfico y las autoridades. Con la figura de Manuel Bartlett en el centro de la controversia, las implicaciones de estas revelaciones podrían tener repercusiones significativas tanto en el ámbito político como en la lucha contra el crimen organizado en México.