Por Juan Pablo Ojeda

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la dirección de Marco Rubio, ha formalizado restricciones de visa contra 75 individuos identificados como familiares o asociados próximos de miembros del Cártel de Sinaloa. Esta medida administrativa forma parte de la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, enfocada en limitar la movilidad y los activos de personas vinculadas a redes criminales transnacionales.

Desde febrero de 2025, el Cártel de Sinaloa mantiene la designación oficial de «Organización Terrorista Extranjera» por parte del gobierno estadounidense. Esta categoría legal permite al Departamento de Estado aplicar sanciones migratorias y financieras más estrictas, bajo la premisa de proteger a la nación contra el tráfico de sustancias controladas y la violencia asociada a grupos delictivos.

La medida afecta a una red de 75 personas cuyos nexos han sido rastreados por agencias de inteligencia estadounidenses. El secretario Rubio subrayó en redes sociales que estas acciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad regional, señalando que la administración continuará utilizando las herramientas legales disponibles para neutralizar la influencia de estas organizaciones.

Esta acción se suma a la designación previa de otros grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos bajo el mismo estatus de terrorismo extranjero. La expansión de estas políticas refleja un cambio en la doctrina de seguridad estadounidense hacia las organizaciones criminales mexicanas.

El contexto interno de Sinaloa es un factor determinante en la presión de Washington. Desde septiembre de 2024, el enfrentamiento entre las facciones conocidas como «Los Chapitos» y «Los Mayos» —tras las detenciones de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López— ha incrementado el escrutinio sobre las redes de apoyo de estas células en territorio estadounidense y extranjero.

Las redes del Cártel de Sinaloa, que operan a través de esquemas de tráfico de personas, secuestro y extorsión, han expandido su alcance hacia mercados en Centroamérica, Suramérica y Europa. Las sanciones actuales buscan desarticular no solo el componente operativo, sino la base logística y familiar que sostiene las estructuras de mando de estos grupos en el extranjero.

La política migratoria del Departamento de Estado se mantiene, por tanto, como un brazo ejecutivo de la política de seguridad nacional. El anuncio de Marco Rubio confirma que la presión administrativa será sostenida, mientras la inteligencia estadounidense continúa mapeando las ramificaciones globales de los grupos criminales designados como terroristas.