Por Juan Pablo Ojeda

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ha anunciado la imposición de un nuevo arancel del 25% a los países que compren petróleo o gas de Venezuela, una medida que entrará en vigor el próximo 2 de abril de 2025, una fecha que Trump calificó como el “Día de la Liberación en Estados Unidos”. Esta decisión, denominada «arancel secundario», ha generado preocupación en el ámbito internacional, especialmente en países con presencia en el sector energético venezolano, como España, Italia y Rusia.

El contexto del arancel y sus implicaciones

El presidente Trump justificó esta medida por varias razones, entre las que destacó el accionar del régimen venezolano en relación con Estados Unidos, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de enviar de manera intencional a presuntos criminales a territorio estadounidense, entre ellos miembros del Tren de Aragua. Trump también agregó que la actitud de Venezuela hacia Estados Unidos es «muy hostil» y que la imposición del arancel tiene como fin frenar cualquier tipo de comercio con países que compren energía fósil proveniente del país suramericano.

Las principales compañías petroleras internacionales que operan en Venezuela, como Chevron, Repsol, ENI, y las estatales de China, India y Rusia, se verán directamente afectadas por esta nueva medida. La salida de Chevron de Venezuela, prevista para el 5 de abril, es solo una de las consecuencias inmediatas de la nueva normativa.

Trump también vinculó esta medida a sus posturas políticas hacia Rusia, sugiriendo que el Kremlin podría enfrentar consecuencias si sigue posponiendo su invasión a Ucrania o no firma un cese al fuego con Kiev. De hecho, algunos analistas en Washington ven en esta decisión un mensaje indirecto hacia Rusia.

Reapertura de vuelos de deportación

En paralelo a la imposición de este arancel, el gobierno estadounidense reactivó los vuelos de deportación a Venezuela, con un avión de la aerolínea estatal Conviasa que llegó a Caracas con 199 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Este vuelo marca la reanudación de las repatriaciones, que habían estado suspendidas desde febrero debido a las tensiones diplomáticas entre ambos países. Según autoridades venezolanas, este es el cuarto vuelo de deportación directa desde Estados Unidos.

Las deportaciones se habían detenido tras un desacuerdo entre el gobierno de Maduro y el Departamento de Estado de EE.UU., que incluyó la revocación de la licencia para que Chevron operara en Venezuela. El acuerdo de repatriación de migrantes se alcanzó en enero de 2025, tras la visita de Richard Grenell, enviado especial de Trump, a Caracas.

Crisis migratoria y relaciones deterioradas

El colapso económico y político de Venezuela ha llevado a más de 8 millones de venezolanos a abandonar el país en los últimos años. A pesar de que el gobierno de Maduro atribuye la crisis a las sanciones de Estados Unidos, muchos analistas señalan que la gestión interna del régimen, la corrupción y la persecución política han sido los principales factores que han impulsado el éxodo.

Desde 2019, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas, y a pesar de algunos intentos de diálogo, los desacuerdos sobre la gestión interna de Venezuela y las denuncias de fraude en las elecciones de 2024 han mantenido a ambos países en una postura de confrontación. Estados Unidos no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, en las que Maduro se autoproclamó ganador en un proceso cuestionado por la oposición.

Impacto global y futuro incierto

La decisión de Trump también puede tener repercusiones internacionales, especialmente para los países que siguen comprando petróleo de Venezuela, afectando las relaciones económicas y diplomáticas con Estados Unidos. La medida refuerza la postura de Washington contra el régimen de Maduro y podría intensificar la presión sobre la comunidad internacional para aislar aún más al gobierno venezolano.