Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de Estados Unidos ha dado un paso trascendental en la lucha contra el crimen organizado al oficializar la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, resalta la creciente preocupación por el impacto de estos grupos en la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de EE.UU.
Los cárteles designados incluyen al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Estos grupos, conocidos por su involucramiento en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la violencia, ahora se suman a una lista global que incluye a organizaciones terroristas de renombre, como el Estado Islámico y Al-Qaeda.
La designación tendrá efectos importantes. A partir de su publicación en el Registro Federal de EE.UU., que se espera para el 20 de febrero, las empresas y ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido proporcionar «apoyo material» a estas organizaciones, lo que abarca tanto financiamiento como cualquier tipo de asistencia que facilite sus actividades delictivas.
Además de los cárteles mexicanos, el comunicado del Departamento de Estado también menciona al Tren de Aragua, una banda venezolana, y la Mara Salvatrucha de El Salvador, ambas también designadas como organizaciones terroristas globales. La inclusión de estos grupos refuerza el enfoque de EE.UU. hacia las amenazas transnacionales que afectan la seguridad hemisférica.
La designación de estas organizaciones como terroristas globales subraya el creciente impacto del narcotráfico y la violencia asociada con los cárteles en la región. En particular, el Cártel de Sinaloa y el CJNG han sido identificados como actores clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha generado una creciente preocupación sobre su influencia en la región.
Esta acción por parte del Gobierno de EE.UU. se suma a otras iniciativas internacionales para combatir el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, que sigue siendo uno de los mayores desafíos de seguridad en las Américas. La medida también refleja el compromiso de Estados Unidos por abordar las redes de delincuencia organizada y sus ramificaciones internacionales.
El impacto de esta designación podría ser significativo tanto para los cárteles como para las relaciones internacionales entre EE.UU. y México, especialmente en un contexto de colaboración bilateral en temas de seguridad. La medida es vista por algunos como un reconocimiento del poder y la peligrosidad de estos grupos, mientras que otros advierten sobre posibles tensiones adicionales entre ambos países.