Por Juan Pablo Ojeda
La diputada federal Dolores Padierna Luna, del partido Morena, ha lanzado una llamada de atención sobre la reforma judicial que, tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, se encuentra ahora en el Senado para su discusión. Este cambio propuesto está generando un gran revuelo, y es crucial entender qué implica realmente para el sistema judicial y para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Primero que nada, Padierna Luna aclara que esta reforma no afectará a los 54 mil empleados del Poder Judicial en México, sino solo a un grupo específico de mil 600 personas: jueces, magistrados y ministros. En esencia, el objetivo es renovar de manera escalonada y ordenada estos cargos clave dentro del sistema judicial.
Uno de los cambios más destacados es la introducción de la elección por voto popular para jueces, magistrados y ministros. Esto significa que, en teoría, los ciudadanos tendrán una voz más directa en la elección de quienes toman decisiones legales cruciales. Además, se propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, algo que nunca antes se había establecido en México, para asegurarse de que los jueces cumplan con altos estándares de conducta y que sus decisiones estén alineadas con la ley.
Otro aspecto importante es la evaluación ciudadana del desempeño judicial. La idea es que los ciudadanos puedan opinar sobre cómo están actuando los jueces, agregando una capa extra de transparencia y responsabilidad. Además, la reforma busca implementar principios de austeridad y transparencia para evitar que alguien en el Poder Judicial gane más que el Presidente de la República, eliminando así privilegios y posibles excesos.
La reforma se dirige únicamente a los altos funcionarios del Poder Judicial, sin afectar los derechos laborales de los empleados de base o de confianza. Los requisitos para convertirse en juez, magistrado o ministro seguirán siendo los mismos, aunque se añade el requisito de probidad, o integridad, como nuevo criterio para ocupar estos cargos.
Es crucial recordar que la ciudadanía ya aprobó el «Plan C» en las elecciones del 2 de junio, lo que otorgó a los legisladores el mandato para llevar a cabo esta reforma. El artículo 39 de la Constitución establece que el poder emana del pueblo, y con esta reforma, se busca que la elección del Poder Judicial sea igualmente democrática, sin la intervención de partidos políticos. Se crearán también Comités de Evaluación para asegurarse de que los candidatos no tengan antecedentes negativos o vínculos con la delincuencia.
Padierna Luna concluye que México merece un Poder Judicial que esté a la altura de los grandes retos que enfrenta el país. Según ella, es fundamental que los jueces, magistrados y ministros garanticen una justicia equitativa y eficaz para todos los mexicanos.