Por Bruno Cortés

En México, ser escuchado por el Congreso puede parecer una tarea titánica, pero el pasado fin de semana, en Guadalupe, Nuevo León, algo diferente ocurrió. En lugar de discursos acartonados o promesas de escritorio, la diputada federal Adriana Belinda Quiroz Gallegos, de Morena, se sentó cara a cara con personas que rara vez son tomadas en cuenta: ciudadanos con discapacidad, sus familias y quienes los apoyan desde colectivos y organizaciones.

Fue más que una charla. Fue una mesa de trabajo que se sintió como una bocanada de aire fresco en la política. Adriana Quiroz no solo escuchó, también llevó cifras, datos y acciones concretas. Presentó un diagnóstico sobre cómo está la cosa en Nuevo León para quienes viven con alguna discapacidad. Y seamos sinceros, el panorama no es alentador: falta de acceso real a servicios de salud, una educación que muchas veces excluye en lugar de incluir, transporte que no considera la movilidad diversa y oportunidades de empleo que simplemente no llegan.

Desde la Cámara de Diputados, la legisladora ya se ha movido. El pasado 8 de abril presentó un punto de acuerdo para que el Gobierno del Estado y los 51 municipios de Nuevo León cumplan con lo que ya está escrito en la ley. Porque sí, en México hay una Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (y también su versión estatal), pero aplicarla parece ser otra historia.

“Es imperativo garantizar la preferencia en el uso de los espacios públicos para las personas con discapacidad intelectual y eliminar todas las barreras que limitan su inclusión”, dijo la diputada. No fue una frase bonita para la foto; fue una declaración con intención de sacudir conciencias y poner a las autoridades contra las cuerdas.

Y no estuvo sola. A la mesa se sumaron organizaciones como la Red de Familias con Discapacidad N.L, la Asociación de Sordos de Nuevo León, Comunidad Mov PcD NL, CAPINA A.C., Educación sin Barreras y hasta la Alianza para el Fortalecimiento de las Identidades Trans (AFIT NL). Gente que lleva años tocando puertas, pidiendo lo básico: respeto, acceso, oportunidades. Cada una compartió experiencias duras, propuestas claras y una visión de un estado más justo.

El compromiso no se quedó en papel. Quiroz Gallegos aseguró que llevará todo lo que se dijo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que actualmente sesiona en el Senado. Y para que el mensaje no se diluya, anunció dos ruedas de prensa, una en Ciudad de México y otra en Guadalupe, donde va a poner sobre la mesa las demandas ciudadanas y señalar —sin rodeos— la falta de atención por parte de las autoridades locales.

En un país donde muchas veces los más vulnerables son los más ignorados, este tipo de encuentros sientan un precedente. No son la solución completa, pero sí un paso en el camino correcto. Porque si algo quedó claro en Guadalupe, es que las personas con discapacidad no quieren lástima ni aplausos: quieren que se respeten sus derechos. Y que las leyes, por fin, dejen de ser letra muerta.