Por Bruno Cortés

Con una mayoría contundente de 355 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular —de lo no reservado— el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La propuesta, impulsada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, tiene como eje central erradicar la corrupción en la asignación de contratos públicos y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en el uso de recursos federales.

Desde la tribuna, la diputada Claudia Selene Ávila Flores, en representación de Morena, señaló que esta reforma es un paso firme hacia una democracia más transparente. Denunció prácticas del pasado, como las adjudicaciones directas fragmentadas y la simulación de licitaciones, que permitieron que funcionarios utilizaran el erario para intereses personales. “Basta de corrupción. Dejemos el pasado atrás”, sentenció con firmeza ante el Pleno.

La legisladora subrayó que las modificaciones permitirán un ahorro significativo al Estado, al eliminar prácticas fraudulentas como la creación de empresas fantasma o la simulación de contratos. Citó el artículo 134 constitucional, que establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, como base legal del cambio estructural que propone el dictamen.

Por su parte, la diputada Graciela Domínguez Nava reforzó la idea de que esta reforma responde a una exigencia social. Recordó que en 2022, la inversión en obra pública superó 1.3 billones de pesos —más del 4% del PIB—, por lo que resulta inaplazable garantizar que dichos recursos se administren con transparencia y sin opacidad. “Este no es un simple ajuste normativo, es una transformación estructural que pone fin a décadas de discrecionalidad en el gasto público”, afirmó.

Uno de los puntos más innovadores del dictamen es la implementación de una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. Esta herramienta tecnológica permitirá a la ciudadanía, auditores y organismos independientes dar seguimiento puntual a cada etapa de los contratos, desde su licitación hasta su conclusión. “Se acaba el manejo en lo oscurito”, expresó Domínguez, al destacar el impulso a la rendición de cuentas y a la eficiencia operativa.

La diputada Juana Acosta Trujillo enfatizó que esta iniciativa coloca a México en el camino de las mejores prácticas internacionales. Señaló que la digitalización no solo representa transparencia, sino también una modernización del Estado, capaz de responder con agilidad a las necesidades sociales. “La reforma integra tecnologías avanzadas para que la contratación pública sea más competitiva, más verificable y más eficiente”, explicó.

Durante el debate, el diputado Raymundo Vázquez Conchas destacó que esta reforma refleja el compromiso del gobierno federal y del Congreso con una transformación profunda. Afirmó que el PRI y el PAN votaron en contra porque fueron ellos quienes durante décadas permitieron y fomentaron la corrupción en los contratos públicos. “Esta es una medida para exterminar la semilla que sembraron esos gobiernos, una semilla de corrupción y abuso”, dijo.

Finalmente, el dictamen aprobado establece las bases para una contratación pública más abierta, verificable y alineada con los principios de justicia social. Con el respaldo del grupo mayoritario y la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de honestidad y transparencia, esta reforma no solo cambia la ley: cambia la manera en que el Estado se relaciona con sus recursos y con su gente. La transformación de México, afirmaron los legisladores de Morena, también se construye desde la honestidad institucional.