Diputados aprueban en los general la Reforma Judicial
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
La madrugada del pasado lunes, el Congreso Mexicano vivió una sesión inusual en la sede alterna del Salón de Armas de la Magdalena Mixhuca. Fue una sesión maratónica y bastante tensa, que se extendió por once horas. En un escenario que parecía sacado de una película de suspenso, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial, con una votación que mostró una clara división en el salón: 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones.
El proceso no fue nada sencillo. La sesión comenzó a las 4 de la tarde, pero antes de eso, trabajadores de juzgados y tribunales federales decidieron bloquear los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, tratando de frenar la discusión. Esto obligó a los diputados a trasladarse a la sede alterna. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, supervisó la sesión, que se vio envuelta en una controversia legal. Los opositores, principalmente del PAN, argumentaron que había órdenes judiciales que prohibían discutir la reforma y pidieron que se reconocieran estos amparos.
A pesar de las protestas y las reservas de la oposición, la mayoría oficialista, encabezada por Morena y sus aliados, logró aprobar el dictamen. La reforma, como se aprobó en lo general, plantea cambios significativos en el Poder Judicial que podrían transformar la justicia en México.
Primero, uno de los cambios más destacables es que los magistrados de Circuito, jueces de Distrito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán elegidos por voto popular, algo que se organizará a través del Instituto Nacional Electoral (INE). Este proceso busca acercar la elección de los jueces a la ciudadanía, aunque ha generado debate sobre la posible politización del Poder Judicial.
Otro cambio importante es la reducción del número de ministros de la SCJN, que pasará de 11 a 9, con un mandato de 12 años. Además, se establece un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes emitan sentencias, con la obligación de justificar cualquier retraso ante el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano Interno de Control.
La reforma también introduce la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que será responsable de investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación por actos indebidos. Este tribunal tendrá un papel crucial en la resolución de conflictos entre el Poder Judicial y sus servidores, así como en la supervisión de la SCJN.
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura será eliminado y reemplazado por un órgano administrativo junto con el mencionado Tribunal de Disciplina Judicial. Además, se implementará la figura de “jueces sin rostro” para proteger a los jueces en casos relacionados con el crimen organizado, una medida que busca garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales en contextos de alta peligrosidad.
En resumen, esta reforma propone una reestructuración significativa del Poder Judicial en México, con cambios en la forma en que se elige a los jueces, en la estructura de la SCJN y en la manera en que se administra la justicia. La discusión en lo particular aún está pendiente, y no cabe duda de que seguirá siendo un tema candente en la política mexicana.
