Por Bruno Cortés

En un esfuerzo por fortalecer el aprendizaje y la convivencia en las aulas, la diputada María Isidra De la Luz Rivas (PT) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el objetivo de prohibir el uso de celulares, tabletas electrónicas y relojes inteligentes de uso personal en los planteles de educación básica. La propuesta, que excluye a estudiantes de educación especial, busca proteger a niñas y niños de las distracciones digitales y fomentar un entorno educativo más enfocado y seguro.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, plantea reformar los artículos 42 y 84 de la ley, destacando que las horas de clase son fundamentales para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes. Según la diputada, el uso excesivo de dispositivos electrónicos durante el horario escolar limita la interacción cara a cara, esencial para desarrollar habilidades como la empatía, la asertividad y la resolución de conflictos.

De acuerdo con el documento, las redes sociales y plataformas digitales como Facebook, Instagram, Tik Tok y YouTube no solo distraen a los estudiantes, sino que también representan riesgos para su privacidad. “No existen limitaciones claras a estas distracciones, lo que expone a los alumnos a vulnerabilidades en sus datos personales”, advierte la propuesta. Además, señala que las notificaciones, mensajes y búsquedas en línea reducen el tiempo dedicado a las clases, afectando el rendimiento académico y, en casos extremos, generando ansiedad.

La iniciativa se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como la Unesco, que sugiere prohibir el uso de celulares en las aulas para evitar distracciones. Estudios citados por la agencia indican que los estudiantes pueden tardar hasta 20 minutos en recuperar la concentración después de revisar sus dispositivos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el tiempo de exposición a pantallas para prevenir problemas de conducta, trastornos del sueño, depresión infantil y dificultades en el aprendizaje.

La diputada Rivas también destacó que 79 países, incluidos España, Francia, China y Estados Unidos, han implementado medidas similares para restringir el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas. Estas políticas han demostrado beneficios en el rendimiento académico y la convivencia escolar, lo que refuerza la viabilidad de la propuesta en México.

Un aspecto relevante de la iniciativa es su enfoque inclusivo. La prohibición no aplicaría para estudiantes de educación especial, ya que esta modalidad se adapta a las necesidades de alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades de aprendizaje. Este matiz refleja un compromiso con la equidad y el respeto a las diferencias individuales en el sistema educativo.

La propuesta ha generado un debate necesario sobre el impacto de la tecnología en la educación y la infancia. Mientras algunos sectores celebran la medida como un paso hacia un entorno escolar más seguro y productivo, otros cuestionan cómo se implementaría y si se considerarían excepciones para el uso educativo de dispositivos bajo supervisión docente.

En un mundo cada vez más digitalizado, la iniciativa de la diputada Rivas invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la tecnología y el desarrollo integral de los estudiantes. Si bien los dispositivos electrónicos son herramientas valiosas, su uso indiscriminado en las aulas puede tener consecuencias negativas. Esta reforma representa una oportunidad para priorizar el aprendizaje, la convivencia y la protección de la infancia en México.