Por Bruno Cortés
Con la mirada puesta en la situación que viven los migrantes que llegan a las ciudades fronterizas de México, la diputada Ana Erika Santana González, integrante de la Comisión de Migración, lanzó una advertencia: ninguna ciudad está preparada para enfrentar una deportación masiva. Según ella, es crucial que los tres niveles de gobierno y la sociedad civil trabajen juntos para evitar que esta situación se convierta en una crisis mayor.
Santana, quien representa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hizo hincapié en la necesidad de implementar un plan ordenado y coordinado para apoyar a los migrantes que, en su mayoría, arriban a la frontera norte del país sin documentos y sin deseos de regresar a sus países de origen. La situación, explicó, es aún más crítica porque las ciudades receptoras no cuentan con suficientes recursos para brindarles atención. El Instituto Nacional de Migración (INM), por ejemplo, no tiene suficientes centros de detención para hacer frente a la creciente ola de migrantes.
La diputada puso como ejemplo el caso de Tijuana, en Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda habilitó un albergue, pero la demanda es tan alta que ha quedado colapsado. Los migrantes, entonces, terminan refugiándose en espacios públicos como los atrios de las iglesias, canchas deportivas y cualquier lugar disponible. A pesar de los esfuerzos para ofrecerles alimentos, cobijas, artículos de higiene y acceso a sanitarios, los recursos siguen siendo insuficientes, lo que obliga a la colaboración con grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los puntos más críticos que tocó Santana es la vulnerabilidad de los migrantes, que muchas veces caen en la delincuencia debido a la falta de opciones de empleo o de acceso a servicios básicos. Si no se les integra a la fuerza laboral, las ciudades fronterizas enfrentan una realidad difícil: los migrantes se ven forzados a recurrir a actividades ilícitas o, en el peor de los casos, a quedarse sin hogar.
Además, la diputada señaló que las ciudades fronterizas no reciben los recursos suficientes para enfrentar la situación. De acuerdo con ella, “no recibimos el fondo de migralidad”, lo que limita aún más la capacidad de los gobiernos locales para hacer frente a los desafíos que presenta la migración masiva.
Ante este panorama, Santana hizo un llamado urgente a los gobiernos estatales y municipales, particularmente en Baja California, donde se ubican los principales puntos fronterizos como Tijuana, Tecate, Mexicali y Algodones, para que coordinen esfuerzos y prevengan una crisis de mayores dimensiones. La situación se complica aún más con la contratación de autobuses para la deportación masiva desde Estados Unidos, y con el regreso voluntario de miles de migrantes mexicanos.
Para hacer frente a este fenómeno, la diputada propuso mesas de trabajo interinstitucionales, con la participación activa de la sociedad civil, para agilizar trámites migratorios, de trabajo, de seguro social y otros que permitan la integración de los migrantes a la fuerza laboral del país. Santana concluyó que la clave está en la cooperación y la planificación integral para evitar que esta situación se desborde y afecte aún más a las ciudades fronterizas.