Por Juan Pablo Ojeda
El 9 de octubre, la defensa de Sean “Diddy” Combs lanzó una seria acusación contra el gobierno de EE. UU., alegando que las autoridades filtraron intencionadamente un video comprometedora con el objetivo de perjudicar su reputación pública. Esta revelación se enmarca dentro de un caso legal que ha acaparado la atención mediática, especialmente por las implicaciones que tiene para el reconocido rapero y productor.
La controversia se centra en un video de vigilancia de 2016 que muestra a Combs agrediendo físicamente a su entonces novia, la cantante Cassie Ventura. Según sus abogados, este material, que muestra a Combs arrastrando y golpeando a Ventura en un hotel, fue ilegalmente enviado a la prensa para influir negativamente en el caso que enfrenta. El video fue publicado por CNN en mayo de este año, desatando un torrente de comentarios y especulaciones sobre la conducta del artista.
En una moción presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la defensa argumenta que las filtraciones constituyen una violación a las normas de secreto del gran jurado y forman parte de una campaña sistemática para desprestigiar a Combs. “La filtración de la cinta de vigilancia fue parte de un esfuerzo deliberado para herir de muerte la reputación de Sean Combs”, sostienen sus abogados, Marc Agnifilo y Teny Geragos.
Además de solicitar una audiencia para investigar la supuesta conducta indebida del gobierno, la defensa busca que se imponga una orden de silencio para evitar que las autoridades sigan compartiendo información sobre el caso con los medios. También han pedido que el video sea excluido como evidencia durante el juicio, alegando que su divulgación ha contaminado al jurado y comprometido el derecho de Combs a un juicio justo.
Sin embargo, la respuesta del gobierno no se hizo esperar. Damian Williams, fiscal en jefe del Distrito Sur de Nueva York, negó las acusaciones de la defensa, afirmando en una carta dirigida al juez que “el gobierno no estaba en posesión del video antes de su publicación por CNN” y que no hay pruebas que respalden las afirmaciones de que hubo una filtración deliberada.
Esta batalla legal se intensifica en un contexto en el que las autoridades han llevado a cabo varias redadas en las propiedades de Combs, una situación que, según sus abogados, también fue comunicada a los medios para generar una cobertura negativa.
El video de la agresión podría ser utilizado por los fiscales para demostrar una “tendencia a la violencia” de Combs, un argumento que podría reforzar las acusaciones de tráfico sexual en su contra. Aunque Diddy ha negado todos los cargos, el caso se complica, y el próximo 10 de octubre se llevará a cabo una audiencia clave donde se decidirá si se aceptan las solicitudes de la defensa.