Cristian Solís Arriaga, uno de los dueños de El Pinabete, la mina del estado mexicano de Coahuila donde quedaron atrapados 10 trabajadores a principios de agosto, ha sido detenido «por su probable responsabilidad en el delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales».
La Fiscalía General de la República ha informado este sábado que Solís Arriaga «presuntamente explotaba de manera ilícita un bien perteneciente a la Nación». Según el comunicado oficial del organismo, la orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional y de la Policía Federal Ministerial.
Solís fue arrestado en el municipio de Sabinas y posteriormente vinculado al proceso judicial. «Como resultado de la audiencia inicial, la defensa se acogió a la duplicidad del término para que el juez resuelva sobre la situación jurídica y continuar con la audiencia el próximo 29 de septiembre», reza el informe, señalando que al detenido se le dictó prisión preventiva como medida cautelar.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continúa con la búsqueda de los otros dos imputados en el caso, Luis Rafael García-Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas.
El pasado 13 de septiembre las autoridades mexicanas informaron que la Interpol emitió una ficha roja para localizar en más de 190 países a los dueños de El Pinabete, Solís, García-Luna Acuña y Garza Cárdenas. De acuerdo con la Fiscalía General, Solís era la persona que explotaba la mina, mientras que los otros dos son los propietarios de la compañía minera El Pinabete.
Previo a la emisión de la ficha roja de la Interpol, las autoridades mexicanas emitieron òrdenes de aphensón en contra de los tres luego de que no se presentaran a la audiencia inicial en la que la Fiscalía iba a formular la imputación.
Los 10 mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto y la esperanza de encontrarlos con vida ha desaparecido. Los familiares de los trabajadores firmaron con las autoridades mexicanas un acuerdo que incluye hacer un tajo a cielo abierto para rescatar los cuerpos de los mineros en un plazo de entre seis y 11 meses, así como el pago de una indemnización y levantar un memorial.