Por Juan Pablo Ojeda
A un año de la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenalizó el aborto en México, especialistas han señalado que persisten barreras legales y sociales que impiden el acceso universal a este derecho. En una reciente rueda de prensa, expertos exhortaron al Congreso a eliminar el delito de aborto a nivel federal para garantizar una implementación efectiva de la sentencia.
Melissa Ayala, vocera del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), destacó que la Corte declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el Código Penal Federal. Según Ayala, la Corte encontró que esta prohibición violaba los derechos de las mujeres y personas gestantes al no permitir un periodo durante el cual podrían acceder al aborto sin enfrentar criminalización. La sentencia ordenó al Congreso Federal derogar el delito de aborto, pero esta medida aún no se ha cumplido.
“A pesar de que la sentencia ordenó la derogación del delito, el Congreso no ha actuado en consecuencia”, indicó Ayala. La abogada confía en que el nuevo periodo de sesiones del Congreso, descrito como “feminista”, podría llevar a una pronta derogación, aunque advirtió que la reforma judicial propuesta por el Gobierno podría retrasar o revertir los avances.
Hasta la fecha, 15 estados han despenalizado el aborto hasta la semana 12 de gestación, y la Ciudad de México lo hizo en 2007. Sin embargo, recientemente el Congreso de Aguascalientes redujo el plazo a seis semanas, lo que Ayala espera que sea vetado por el Gobierno estatal.
A pesar de la despenalización en varios estados, el acceso al aborto en hospitales públicos sigue siendo un problema. La SCJN había ordenado que todas las instituciones de salud federales, incluidos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE, debían ofrecer el servicio. No obstante, un informe de Human Rights Watch (HRW) reveló que hasta junio de 2024, muchas instituciones, especialmente en el Estado de México, aún no estaban cumpliendo con esta directiva.
HRW también destacó que el aborto sigue criminalizado en todos los códigos penales estatales, aunque con excepciones para casos como violación. Ayala subrayó que incluso en la Ciudad de México se han registrado casos donde se ha negado el servicio después de la semana 12, a pesar de que la Corte ha declarado que los plazos para el acceso al aborto también son inconstitucionales.
“Las regulaciones sobre el aborto deberían estar en el ámbito de la regulación sanitaria, no en el penal”, concluyó Ayala, enfatizando la necesidad de reformas que eliminen las barreras legales y aseguren el acceso al aborto para todas las personas gestantes en México.