Ciudad de México, 18 de octubre del 2023.- En un contexto de alta tensión política, la reciente aprobación en la Cámara de Diputados para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha desencadenado una ola de reacciones. La senadora Xóchitl Gálvez, figura prominente del Frente Amplio por México, ha expresado su firme oposición a esta medida, comprometiéndose a defender los derechos e intereses de los trabajadores del PJF.
Tras este controversial movimiento, la propuesta ha pasado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación. En este escenario, Gálvez, quien también es la próxima candidata presidencial, aseguró que el bloque opositor está preparado para luchar y revertir la desaparición de los fondos destinados a la Suprema Corte.
En una entrevista con Radio Fórmula, la senadora fue enfática: «Vamos a dar la pelea como legisladores del Frente Amplio por México para que los trabajadores del Poder Judicial no se vean afectados por los caprichos de Morena».
El debate en el Pleno Legislativo de San Lázaro estuvo cargado de acusaciones por parte de la oposición hacia Morena y sus aliados. Central a estas acusaciones está la supuesta orden enviada por el presidente López Obrador, que los críticos interpretan como una venganza política y un intento de saqueo a la Suprema Corte.
La reacción no se hizo esperar entre los legisladores de la oposición, con una condena general a la aprobación de la extinción de los fideicomisos. Coinciden en que esta medida es un ataque directo que busca «dinamitar la democracia» del país.
Esta postura se refleja claramente en el comunicado emitido por la bancada del PRI en San Lázaro, que enfatizó su voto unánime en contra de la medida, calificándola como un «atentado» contra la fundamental división de poderes en el país.
En medio de este clima de defensa a los principios democráticos y la autonomía del Poder Judicial, el Senado emerge como el nuevo campo de batalla donde los senadores del Frente Amplio por México, y otros opositores, se preparan para confrontar lo que consideran un asalto a las instituciones judiciales del país.