Ciudad de México, 03 de enero de 2024. – Este jueves, el Poder Judicial de la Federación está programado para emitir una decisión crucial sobre un amparo presentado por Monsanto. Este amparo desafía el decreto presidencial que establece la eliminación del uso de glifosato a partir del 1 de abril. La Colectividad del maíz, que desde 2013 ganó la suspensión de la siembra de maíz transgénico, no ha sido reconocida como una parte interesada en el caso, según Mercedes López de la Campaña nacional «Sin Maíz No Hay País».
El magistrado Ricardo Gallardo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito tenía previsto emitir una resolución en noviembre pasado. Sin embargo, tras hacerse pública su intención, el proceso fue suspendido. La resolución se reprogramó para el 4 de enero, antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera un recurso de revisión extraordinaria presentado por ciudadanos.
López destacó en una entrevista que el juez Gallardo y su secretario Erick Castillo, en noviembre, parecían inclinarse a favor de los intereses de las transnacionales. Recordó que en 2021, como demanda colectiva, se obtuvo una resolución favorable en la SCJN, manteniendo la medida precautoria de prohibir la siembra de maíz transgénico. A pesar de esto, el juzgado rechazó el reconocimiento de la colectividad como parte interesada en el juicio contra el decreto presidencial.
El proyecto de resolución desestimado en noviembre proponía amparar a Monsanto para seguir importando glifosato. Argumentaba que el glifosato no era peligroso para las personas y el medio ambiente si se seguían las especificaciones de los proveedores, y que el problema radicaba en su uso indebido. Este proyecto replicaba los argumentos de Bayer Monsanto.
El juez se ha manifestado como experto en el tema, negando que el glifosato represente un peligro para los seres humanos y el medio ambiente. Además, ha desacreditado el principio precautorio, un instrumento internacional para proteger la biodiversidad, y se ha basado en estudios financiados por empresas.
Ahora, con un aparente «albazo», el juez busca emitir la resolución, acelerando el proceso antes de que la SCJN responda. Esto ha generado preocupación, ya que no se ha discutido ampliamente el tema, y parece ser un movimiento favorable a las transnacionales.
López subraya la importancia de ser escuchados como terceros interesados. Señala que, aunque en el panel de controversias sobre el maíz transgénico se permitió la opinión de cinco organizaciones mexicanas, el Cuarto Tribunal Colegiado no ha otorgado este derecho a la colectividad en el presente caso.