Una iniciativa ciudadana ha logrado reunir más de 700 mil firmas para pedir al Congreso de los Diputados de España que debata la derogación de la ley que declara la tauromaquia como patrimonio cultural. El movimiento, denominado «No es mi cultura», busca eliminar este reconocimiento legal y permitir que las regiones y ayuntamientos decidan si prohíben o no las corridas de toros en sus territorios.

La comisión promotora de la iniciativa presentó las 715.606 firmas recogidas ante la Oficina del Censo Electoral de Madrid, donde serán verificadas en un plazo máximo de seis meses. Paralelamente, más de un centenar de activistas de diversas asociaciones animalistas se concentraron frente al Congreso para exigir una cultura «basada en la vida y no en la muerte y la crueldad».

Marta Esteban, portavoz de la iniciativa, destacó que la propuesta no busca prohibir la tauromaquia en todo el país, sino permitir que cada comunidad o municipio legisle al respecto. Actualmente, la ley de 2013 impide que las regiones prohíban las corridas de toros, incluso si así lo desean. «En democracia, la cultura se elige, no se impone», afirmó Esteban, quien pidió el apoyo de todos los partidos políticos para debatir esta cuestión en el pleno del Congreso.

Además, la iniciativa reclama el fin de las subvenciones públicas a la tauromaquia y que esos fondos se destinen a áreas prioritarias como la sanidad, la educación y otras formas de cultura no crueles. Según encuestas citadas por los promotores, ocho de cada diez españoles rechazan las corridas de toros, lo que refleja un cambio en la percepción social sobre esta tradición.

El debate sobre la tauromaquia no solo cuestiona su estatus como patrimonio cultural, sino que también pone sobre la mesa temas como los derechos de los animales, la libertad de elección y el uso de recursos públicos. Con más de 700 mil firmas respaldando la iniciativa, el Congreso de los Diputados tendrá que decidir si abre el diálogo sobre el futuro de una práctica que divide a la sociedad española.