Por Juan Pablo Ojeda
En una jornada de franca molestia, Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), no escatimó en críticas hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Durante la Gran Plenaria de la bancada naranja, Delgado cuestionó duramente la decisión de estas autoridades de validar la representación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Según él, esta validación les concede una mayoría calificada crucial para realizar reformas constitucionales a su favor.
Delgado no dudó en acusar al INE y al TEPJF de estar bajo la influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su declaración, denunció que estas instituciones, que deberían ser guardianes de la Constitución, han fallado en su deber al permitir una interpretación sesgada y perjudicial de la ley. Para él, las decisiones tomadas por estas autoridades violan la Constitución de manera flagrante.
El líder de MC expresó que, en su opinión, la Sala Superior del TEPJF es la peor que ha existido en la historia democrática de México. Aseguró que las decisiones tomadas en la asignación de curules y escaños en la Cámara de Diputados y el Senado han sido inconsistentes, aplicando diferentes criterios en lugar de seguir una regla uniforme. Según Delgado, esta disparidad en la aplicación de los criterios refleja una falta de dignidad y respeto por las normas constitucionales.
Delgado también se alineó con Jorge Álvarez Máynez, quien sugirió que los emecistas electos deberían formar un bloque de contención en las cámaras. Aunque, cabe recordar que en el pasado proceso electoral, Delgado había anunciado el fin de la relación con los partidos de oposición como el PAN, PRI y PRD, después de rechazar en múltiples ocasiones unirse a sus coaliciones.
La crítica de Delgado llega en un momento de alta tensión política, justo cuando el Congreso se prepara para abordar una serie de reformas clave. Su postura refleja una preocupación por la integridad del sistema electoral y la necesidad de una vigilancia rigurosa para asegurar que todos los actores políticos jueguen bajo las mismas reglas.