El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició una revisión técnica y diplomática sobre la operación de 20 de los 53 consulados de México en territorio estadounidense. La auditoría busca documentar el presunto uso de infraestructura pública para actividades de proselitismo vinculadas al partido Morena, lo que representaría una violación directa a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Según datos recabados, la investigación se concentra en las sedes de Miami, McAllen y Sacramento. En el caso de Miami, el titular es el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien asumió el cargo tras su gestión estatal (2018-2024). Sobre Escandón pesa una denuncia formal presentada por el político Willy Ochoa, que lo vincula con omisiones de seguridad en su estado de origen.

En McAllen, Texas, la lupa está sobre Froylán Yescas Navarrete, quien antes de su nombramiento en 2019 fungió como Secretario de Formación Política del CEN de Morena. Los registros indican que su designación fue procesada por el entonces canciller Marcelo Ebrard, manteniendo un perfil de militancia activa durante su encargo diplomático.

Por su parte, el consulado de Sacramento, encabezado por Christian Tonatiuh González, es investigado tras la difusión de un video el pasado 9 de mayo. En dicho material, el secretario de Morena Exterior, Alejandro Robles Gómez, emitió consignas políticas contra la administración de Donald Trump desde el interior de la oficina consular.

La revisión del Departamento de Estado analiza si la red consular operó políticamente durante el pasado proceso electoral de Estados Unidos. Se investiga el flujo de recursos y el acceso de la organización Morena Exterior a las bases de datos y logística de las sedes para organizar protestas y movilizaciones de carácter partidista.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó los señalamientos el 8 de mayo, calificando la información como falsa. No obstante, fuentes diplomáticas confirman que el cierre de sedes es una medida administrativa contemplada por la administración de Trump si se comprueba el uso de las instalaciones para fines distintos a la asistencia ciudadana.

Esta auditoría representa el mayor escrutinio a la diplomacia mexicana en las últimas décadas. La posibilidad de clausurar oficinas consulares afectaría la atención de millones de migrantes, mientras que el gobierno estadounidense mantiene bajo vigilancia el papel de los vicecónsules y encargados de asuntos políticos como operadores de campo.