Cuestionando la prisión preventiva oficiosa: ¿Protección o violación de derechos?
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 16 de abril, 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el ojo del huracán tras las recientes declaraciones de Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, quien advirtió sobre las consecuencias de una posible invalidación del artículo 19 constitucional por parte del máximo tribunal. La reforma en cuestión, que podría liberar a más de 68 mil presuntos delincuentes, ha generado un intenso debate sobre la prisión preventiva oficiosa y su impacto en la seguridad y la soberanía nacional.
El Gabinete de Seguridad, en una acción sin precedentes, envió una carta a los ministros de la SCJN, expresando su preocupación por los riesgos que implicaría la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. La misiva, que resalta la potencial liberación de miles de individuos actualmente bajo custodia sin sentencia, ha puesto de manifiesto la tensión entre la necesidad de proteger los derechos humanos y la urgencia de salvaguardar la seguridad pública.
La prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y expertos legales, quienes argumentan que su aplicación generalizada y automática sin valorar las circunstancias individuales de cada caso es contraria a la convención americana de derechos humanos.
La SCJN ha señalado que la reforma legislativa que ampliaba la prisión preventiva es violatoria de derechos humanos, lo que ha llevado a un debate sobre la eficacia y la justicia del sistema penal mexicano.
La Secretaria de Gobernación ha enfatizado que la decisión de la SCJN no solo afecta la seguridad pública, sino que también vulnera la soberanía nacional. La soberanía, que reside en el pueblo y se ejerce a través de sus instituciones, podría verse comprometida si se percibe que la justicia no protege adecuadamente a la sociedad.
Mientras algunos ven en la posible reforma una oportunidad para alinear las leyes mexicanas con los estándares internacionales de derechos humanos, otros advierten sobre el peligro de debilitar las herramientas del Estado para combatir la delincuencia. La decisión de la SCJN, que se espera para septiembre, tendrá efectos generales y deberá ser acatada por todos los jueces del país.
