Por Juan Garmenta

En un movimiento sin precedentes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó en febrero de 2025 a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Entre los grupos designados se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos. Esta decisión, respaldada por la Casa Blanca, busca combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, y reducir la violencia asociada que afecta directamente a la seguridad nacional de EE. UU. (State Department Press Release).

La designación como FTO implica sanciones económicas, la congelación de activos y restricciones de viaje para los miembros de estos cárteles. Además, permite a las agencias de seguridad estadounidenses intensificar sus operaciones contra estas organizaciones, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Según analistas, esta medida refleja la gravedad con la que EE. UU. percibe la amenaza que estos cárteles representan, no solo por el narcotráfico, sino también por actividades terroristas como asesinatos, secuestros y extorsión (White House Executive Order).

Sin embargo, no todos los cárteles mexicanos fueron incluidos en la lista. Grupos como el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y el Cártel de Beltrán Leyva quedaron fuera de la designación. Esto sugiere que el Departamento de Estado aplicó criterios específicos, basados en el nivel de amenaza terrorista directa hacia EE. UU. y la capacidad de estos grupos para desestabilizar la región. Por ejemplo, el Cártel de Tijuana, a pesar de su historial violento, no fue designado, lo que podría indicar que su influencia actual no alcanza el umbral requerido (NPR on Tijuana Violence).

La exclusión de algunos cárteles podría tener implicaciones significativas en el panorama del narcotráfico en México. Expertos sugieren que la presión sobre los cárteles designados podría generar un vacío de poder, lo que llevaría a grupos no designados, como el Cártel de Tijuana o el de Juárez, a expandir sus operaciones. Esto podría resultar en un aumento de la competencia y la violencia en regiones clave, especialmente en áreas fronterizas y en estados como Michoacán y Guerrero, donde ya existen disputas territoriales intensas (Atlantic Council Analysis).

Desde una perspectiva política, esta designación plantea desafíos y oportunidades para las relaciones entre México y EE. UU. Por un lado, el gobierno mexicano ha expresado preocupaciones sobre la soberanía nacional, especialmente ante la posibilidad de que EE. UU. tome acciones militares en territorio mexicano. Por otro lado, la medida podría fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, similar a lo visto en la Iniciativa Mérida, aunque también podría generar tensiones diplomáticas si no se maneja con cuidado (NPR Interview with DEA Expert).

El Cártel de Sinaloa, liderado históricamente por Joaquín «El Chapo» Guzmán, y el CJNG, conocido por su expansión agresiva y uso de tecnología avanzada, son considerados los mayores responsables del tráfico de fentanilo hacia EE. UU. Ambos cárteles han sido señalados por su capacidad para operar a nivel internacional, lo que los convierte en objetivos prioritarios para las autoridades estadounidenses. La nueva Familia Michoacana y el Cártel del Noreste, por su parte, son reconocidos por su extrema violencia y su papel en la desestabilización de regiones enteras en México (Treasury Sanctions).

En contraste, los cárteles no designados, como el de Tijuana y el de Juárez, han perdido influencia en los últimos años debido a la captura de sus líderes y a la competencia con grupos más poderosos. Aunque siguen siendo actores relevantes en el narcotráfico, su impacto parece ser menor en comparación con los cárteles designados. Esto no significa que estén libres de escrutinio, pero su exclusión de la lista FTO podría permitirles operar con menos presión en el corto plazo (BBC on Mexican Cartels).

La designación de estos cárteles como organizaciones terroristas marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en México. Si bien la medida busca debilitar a los grupos más peligrosos, también podría generar efectos secundarios, como el surgimiento de nuevos actores criminales o el aumento de la violencia en regiones específicas. La clave para el éxito de esta estrategia radicará en la cooperación efectiva entre México y EE. UU., así como en la implementación de políticas que aborden las causas profundas del narcotráfico, como la pobreza y la falta de oportunidades.

En conclusión, la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de EE. UU. representa un esfuerzo audaz para combatir el narcotráfico y la violencia asociada. Sin embargo, su impacto real dependerá de la capacidad de ambos países para trabajar juntos y abordar los desafíos subyacentes que permiten la existencia de estas organizaciones criminales.