Por Juan Pablo Ojeda
El 4 de septiembre se vivió un momento complicado en el Congreso de la Unión, cuando la diputada de Morena, Carmen Patricia Armendáriz, se convirtió en el centro de críticas en redes sociales. Todo comenzó después de una serie de declaraciones erróneas relacionadas con la reforma al Poder Judicial que se votó en la Cámara de Diputados durante la madrugada.
El punto de la discordia fue una afirmación hecha por Armendáriz durante una conferencia de prensa. La diputada aseguró que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la identidad oculta de los jueces no estaba incluida en el dictamen aprobado. Esta afirmación provocó una avalancha de críticas en línea, especialmente después de que el periodista Oscar Balmen señalara que el dictamen sí contenía una modificación relevante en el artículo 20, apartado X.
Según el texto del dictamen, en casos de delincuencia organizada, se permitiría la reserva de identidad de los jueces para proteger su seguridad. La disposición generó preocupación y confusión entre los ciudadanos, quienes cuestionaron si Armendáriz realmente conocía el contenido de la reforma que votó.
La diputada respondió a las críticas diciendo que la disposición sobre los jueces sin rostro “no está definida”, una respuesta que solo avivó más las dudas y acusaciones. Los usuarios en redes sociales se preguntaron si Armendáriz había votado sin tener plena comprensión del documento o si simplemente estaba desinformada.
En lugar de aclarar la situación, Armendáriz optó por restar importancia a las críticas. Afirmó que había enfrentado muchos exámenes más importantes en su vida y que no iba a “dignificar” las observaciones con una respuesta adicional. Esta postura no hizo más que aumentar el escepticismo sobre su familiaridad con el contenido de la reforma.
El dictamen, que fue aprobado por Morena y sus aliados, ahora está en manos del Senado, donde se requerirá una mayoría calificada para su aprobación final. La polémica alrededor de la diputada Armendáriz subraya las tensiones y malentendidos que pueden surgir en el complejo proceso legislativo.