La acumulación de heces caninas en calles, banquetas y parques de la Ciudad de México encendió las alertas en el Congreso capitalino, donde el diputado Royfid Torres González propuso reformar la Ley de Residuos Sólidos para obligar a un manejo integral de estos desechos, ante los riesgos que representan para la salud pública, el medio ambiente y la convivencia urbana.
Durante una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva informó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica para su análisis y posible dictaminación. La propuesta surge en un contexto donde, según datos citados por el legislador, en la capital se generan más de ocho toneladas diarias de heces de perro, gran parte de las cuales permanece en espacios públicos sin tratamiento adecuado.
El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que estimaciones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México indican que cerca del 30 por ciento de los aproximadamente medio millón de perros que habitan en la capital defecan en la vía pública, lo que evidencia la falta de mecanismos efectivos de recolección y disposición de residuos orgánicos de origen animal.
La iniciativa advierte que el problema rebasa el ámbito de la limpieza urbana y constituye un riesgo sanitario. De acuerdo con el documento legislativo, las heces expuestas a la intemperie se deshidratan y pulverizan, liberando partículas fecales que pueden mezclarse con contaminantes atmosféricos y dispersarse en el aire. Estas partículas, añade, contienen bacterias, virus, hongos y parásitos capaces de provocar enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cutáneas y oftalmológicas.
El diputado también subrayó que los perros que viven en azoteas o en situación de calle representan uno de los principales focos de contaminación, debido a la imposibilidad práctica de recoger sus desechos. Según la propuesta, un perro de talla media puede generar hasta 600 gramos de excremento al día, equivalentes a 18 kilogramos mensuales, una cifra que, multiplicada por millones de animales, refleja un impacto ambiental y sanitario considerable.
Además del riesgo a la salud, el proyecto legislativo pone énfasis en las consecuencias ambientales derivadas de la descomposición de las heces caninas. El documento sostiene que estos residuos producen metano, uno de los gases de efecto invernadero con mayor impacto en el calentamiento global, y pueden contaminar suelos y cuerpos de agua, afectando ecosistemas urbanos y la biodiversidad de la ciudad.
La iniciativa también reconoce que la acumulación de excremento animal deteriora la imagen urbana y afecta el uso de parques, banquetas y áreas comunes, generando conflictos vecinales y limitando el derecho de la población a espacios públicos limpios y seguros. El planteamiento evidencia, además, vacíos en la legislación ambiental y sanitaria respecto al tratamiento obligatorio de este tipo de residuos.
Como parte de la reforma, se propone crear un Programa Especial para el Manejo Integral de Residuos Orgánicos de Origen Animal en la Ciudad de México. El esquema incluiría separación en origen, recolección diferenciada, tratamiento mediante biodigestión u otras tecnologías, campañas de corresponsabilidad ciudadana y coordinación operativa con las alcaldías, con el objetivo de transformar un problema cotidiano en una política pública de gestión ambiental.
