La magistrada Janine Otálora Malassis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha hecho pública su disidencia respecto a las recientes acciones del órgano electoral, que incluyen una denuncia penal contra un juez federal.
La controversia surge tras un fallo del Juzgado Noveno de Distrito, que otorgó una suspensión provisional a favor del magistrado Rodrigo de la Peza, quien impugnó la omisión del Tribunal de designar a dos magistrados electorales pendientes. Esta decisión judicial desencadenó una respuesta contundente por parte de la Sala Superior del TEPJF, presidida por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.
En una sesión extraordinaria, el Tribunal rechazó la competencia del juez y calificó como injustificadas las medidas ordenadas, anunciando una denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez en cuestión.
«El Tribunal Electoral acordó no dar trámite a este resolutivo y denunciar penalmente al Juez Noveno de Distrito ante la Fiscalía General de la República, además de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal», según lo expuesto por la Sala Superior en su comunicado oficial.
Janine Otálora, conocida por su trayectoria en el ámbito jurídico-electoral, manifestó en redes sociales su discrepancia con la estrategia adoptada por la mayoría del Tribunal. Desde su perspectiva, enfatizó la necesidad de utilizar los mecanismos judiciales adecuados para revisar las resoluciones y asegurar la correcta impartición de justicia, en consonancia con los principios constitucionales.
La ausencia de dos magistraturas en la Sala Superior del TEPJF desde octubre pasado ha generado una serie de desafíos para el órgano electoral, especialmente en el contexto de la calificación de la elección presidencial de junio pasado. Esta situación, contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece claramente los procedimientos para el llenado de vacantes definitivas en el Tribunal.
Con este panorama, el TEPJF enfrenta críticas y presiones crecientes para resolver la situación de sus magistrados faltantes y mantener su funcionamiento de manera efectiva, particularmente crucial ante la próxima evaluación de la elección presidencial, que requiere la presencia mínima de seis magistrados para cualquier decisión.
La discordancia entre los integrantes del Tribunal y la reacción pública ante sus acciones recientes podrían tener repercusiones significativas en la percepción de la institución y su capacidad para garantizar la imparcialidad y la legalidad en el ámbito electoral mexicano.