En la Ciudad de México, la corrupción se ha convertido en una práctica común para evitar multas y trámites engorrosos. Jesús y Benjamín, dos ciudadanos, comparten sus experiencias de soborno a la policía para eludir sanciones por infracciones menores. Aunque los montos pueden parecer insignificantes, las cifras revelan un panorama alarmante: en 2023, los mexicanos pagaron más de 11 mil millones de pesos en sobornos por corrupción en trámites gubernamentales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi detalla que este monto representa un aumento del casi 30% respecto a 2021. Además, cada persona afectada pagó en promedio más de tres mil pesos en sobornos. Los estados más afectados por esta práctica son la Ciudad de México, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas y Guerrero.
Los trámites vehiculares y de tenencia son los más propensos a sobornos, sumando más de 758 millones de pesos en pagos ilícitos. Víctor Hugo, residente de la Ciudad de México, relata cómo pagó una mordida de mil 500 pesos por una vuelta prohibida.
A pesar de estas cifras alarmantes, la percepción de la corrupción parece estar disminuyendo ligeramente. Sin embargo, los datos muestran que la confianza en las instituciones gubernamentales sigue siendo baja, con los organismos autónomos obteniendo calificaciones más altas que el Gobierno federal. La familia es la institución mejor valorada en términos de confianza, mientras que los partidos políticos y los legisladores ocupan el último lugar.
En cuanto a las instituciones de seguridad y justicia, el Ejército y la Marina son los mejor evaluados, mientras que los jueces, magistrados, ministerios públicos y policías obtienen niveles de confianza por debajo del 40%.