Por Bruno Cortés

En el Congreso mexicano, uno de los temas más relevantes de la agenda política ha sido la reforma a la Ley para la Desaparición de las Personas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, no todos están convencidos de que esta iniciativa sea suficiente para enfrentar la crisis de desapariciones que afecta al país. El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, fue claro al señalar que esta reforma es un paso positivo, pero «insuficiente» para garantizar los derechos fundamentales de las personas desaparecidas, como el derecho a la personalidad jurídica y el ejercicio de estos derechos.

Moreira criticó duramente que la propuesta no eleve estos derechos al rango constitucional, lo que podría limitar su efectividad. Además, destacó que el proyecto carece de los recursos presupuestarios necesarios para que realmente funcione y dé resultados tangibles. Según el legislador, la reforma presentada por el gobierno de Sheinbaum tiene elementos «anacrónicos» y presenta una serie de dudas sobre su viabilidad, lo que deja poco espacio para que la sociedad pueda debatir a fondo sobre el tema.

Mientras tanto, en otro rincón del Congreso, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), se ha lanzado en una cruzada por la justicia, exigiendo que el diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morena, enfrente la justicia sin los privilegios que le otorga el fuero. Ortega hizo público que entregó una carta al propio Blanco, instándolo a que pida licencia y renuncie a su fuero, para poder enfrentar las acusaciones en su contra sin los «blindajes» legales que actualmente lo protegen.

La denuncia contra Blanco Bravo tiene un gran peso, pues está relacionada con una agresión a una mujer, y Ortega considera que este caso refleja la impunidad que persiste en México, especialmente entre los políticos que, amparados por el fuero, evaden la justicia. En un acto cargado de simbolismo, Ortega mencionó que, a pesar de las múltiples oportunidades que el Congreso tiene para escuchar a las víctimas, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) rechazó sus solicitudes para garantizar que la víctima del caso de Blanco Bravo pudiera ser escuchada en el Legislativo.

Para Ortega, esta negativa es un claro ejemplo de cómo las instituciones, en lugar de ser aliadas de las víctimas, se convierten en obstáculos para la justicia. La diputada no dudó en criticar la postura de los coordinadores de los partidos, quienes evadieron el tema de escuchar a la víctima en una de las tribunas más importantes del país, mientras que a otros, como la comandante Ester del EZLN, se les ha permitido hablar públicamente en el Congreso.

La lucha de Ortega no se queda ahí. Como respuesta a la negativa de la Jucopo, redactó una carta dirigida a Cuauhtémoc Blanco, en la que no solo le pide que renuncie a su fuero, sino que también cuestiona su legado como político. En la carta, Ortega recordó el paso de Blanco por el fútbol y su rol como «héroe», para luego compararlo con su actual rol como «ícono de la impunidad», destacando la contradicción entre su figura pública y las acusaciones que enfrenta.

La diputada dejó claro que este no es un asunto político ni de intereses partidistas, sino una cuestión de justicia. «No es un tema de mal gobierno, de desvío de recursos. Es un tema de posible violación a una víctima», afirmó con firmeza, destacando que el cargo de Blanco como gobernador no lo exime de enfrentar las acusaciones que se le imputan.

Ortega también adelantó que continuará su lucha dentro del Congreso, presentando nuevamente sus propuestas para garantizar que la víctima del caso Blanco Bravo sea escuchada y que se discutan los cambios necesarios en la Jucopo para que los casos de violencia sean tratados con la seriedad que merecen. La diputada aseguró que no descansará hasta que se muestre el dictamen de la Sección Instructora, lo que implica que el tema seguirá siendo uno de los puntos de discusión más candentes en los próximos días.

Lo que queda claro es que el camino para que se haga justicia en México sigue siendo complicado, tanto en términos de las reformas legislativas necesarias para prevenir las desapariciones como en los casos específicos de impunidad en los que, según varios legisladores, las víctimas siguen siendo ignoradas por las instituciones que deberían protegerlas.