Controversia en la CDMX: Reforma Constitucional Reconfigura la Protección de la Propiedad

Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha marcado un hito en la legislación local con un decreto que modifica el artículo tercero de la Constitución de la capital, en un esfuerzo por alinear la normativa local con los principios del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma, publicada en la Gaceta Oficial de la ciudad, trae consigo cambios significativos en la forma en que se aborda la propiedad.

Cambios Clave del Decreto

1. Transformación en la Protección de la Propiedad: El decreto elimina el concepto de «respeto a la propiedad privada» del texto constitucional. En su lugar, se establece que «la Ciudad de México asume como principios la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución federal». Este cambio redefine el enfoque hacia una visión más equitativa de la propiedad, alineada con los valores de la Cuarta Transformación.
2. Prioridad al Interés Público: A pesar de que la propiedad privada sigue siendo protegida, ya no figura como el «principio rector» de la Constitución. El nuevo enfoque prioriza el interés superior de la nación y lo público, reflejando una intención de promover un desarrollo socialmente justo y equitativo.
3. Protección de Diversas Formas de Propiedad: El decreto también reconoce y protege diversas formas de propiedad, incluyendo la pública, social, ejidal y comunal. Este marco ampliado busca fomentar un desarrollo más armónico y equilibrado en la ciudad.

Reacciones y Críticas

La reforma ha desatado un intenso debate entre ciudadanos y algunos sectores políticos. Críticos han interpretado los cambios como una amenaza a los derechos de propiedad, alegando que podría poner en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios. Sin embargo, Batres ha defendido la reforma como una medida necesaria para evitar interpretaciones judiciales que favorezcan a los grupos económicos más poderosos, y ha enfatizado que el objetivo es lograr un desarrollo más justo y socialmente responsable en la capital.

Este decreto se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno de la Ciudad de México para reestructurar la relación entre la propiedad y el interés público, desafiando así el legado del neoliberalismo en el país. La reforma promete ser un tema de debate y análisis continuos, mientras la ciudad avanza hacia un nuevo paradigma en su legislación sobre propiedad.