Construcciones ilegales en Coyoacán siguen expandiéndose; Vecinos denuncian inacción de alcaldía frente a órdenes de demolición
Editor web Maya Comunicación A más de dos años de la orden judicial para demoler un segundo nivel construido de manera ilegal en el inmueble de Cuauhtémoc 68, en la colonia Del Carmen, Coyoacán, la situación no solo permanece sin cambios, sino que se ha agravado. La alcaldía Coyoacán, bajo la gestión de Giovanni Gutiérrez, ha sido acusada por habitantes de la zona de permitir la expansión de construcciones y actividades comerciales ilegales, a través de la presentación de documentos apócrifos, contraviniendo el uso de suelo habitacional estipulado.
La expansión ha visto la creación de 30 locales, dos espacios destinados a restaurantes y una alberca, este último elemento destacando por sus dimensiones de 400 metros cuadrados en un predio donde solo está permitida la construcción total de 700 metros cuadrados. A pesar de argumentos que señalan el entrenamiento de atletas paralímpicos como una de las actividades del espacio, tanto la alcaldía como el Instituto del Deporte han negado la existencia de convenios o permisos que validen esta afirmación.
La controversia surge en un contexto donde la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa dictaminó ilegal tanto la construcción adicional como el cambio de uso de suelo, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones concretas para su cumplimiento. Los vecinos, cuyas identidades permanecen anónimas por seguridad, han evidenciado una transformación preocupante del espacio: lo que inicialmente cerró como el centro deportivo Squash, ha mutado en un conglomerado de consultorios médicos, laboratorios, restaurantes y una alberca, todos en desacato a la normativa vigente.
La denuncia se extiende hacia Eduardo Oyervides, propietario de Spazio Fitness, señalado por convertir espacios tradicionales en comercios, antros y restaurantes, alterando el programa de uso de suelo de la zona. Esta situación ha escalado a amenazas contra quienes buscan hacer valer la ley, llevando a las víctimas a solicitar la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para salvaguardar su integridad y hacer frente a la inacción gubernamental.
